Desde entonces, algunos congresistas y las autoridades de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) han llegado a denunciar en el propio recinto del Congreso Nacional los casos de varios legisladores y líderes políticos bajo investigación por haber sido relacionados con el narcotráfico, pero todo quedó en un efecto mediático. Ni la Fiscalía ni el Poder Judicial se interesaron en profundizar las investigaciones, como tampoco lo hicieron con las conclusiones de una comisión bicameral de investigación sobre el asesinato del periodista Medina, que encontró graves indicios de participación en las redes criminales de intendentes, gobernadores, agentes policiales y fiscales, miembros del Poder Judicial y del Poder Legislativo. Muchos de los acusados en dichos informes siguen cumpliendo funciones en estructuras del Estado y varios han sido reelectos en cargos importantes.
En los últimos meses, sin embargo, algunas figuras del ámbito político y judicial, sobre las que existían denuncias e investigaciones que las acusaban de estar involucradas en hechos ilícitos, a las que se creía “intocables” por su gran influencia política y económica, empezaron a caer en las redes de la Justicia, principalmente al instalarse una nueva coyuntura política en ámbitos del Ejecutivo y por la gran presión ciudadana, como la prisión de los ex caudillos luqueños Óscar y Ramón González Daher, del ex fiscal general del Estado Javier Díaz Verón, incluyendo la reciente orden de prisión dictada por un juez brasileño contra el ex presidente de la República Horacio Cartes. En ese contexto, la repentina noticia del arresto en Estados Unidos de la ex diputada colorada y ex presentadora de televisión Cynthia Tarragó y de su marido Raymon Va por acusaciones de lavado de dinero y ofertas de tráfico de cocaína, volvió a instalar con fuerza la vigencia de la narcopolítica en nuestra sociedad.
La total impunidad con que una reconocida figura política y mediática promocionaba al Paraguay en círculos mafiosos, como un país en donde resulta muy fácil lavar dinero procedente del narcotráfico e incluso conseguir grandes cantidades de cocaína para traficar en los Estados Unidos, constituye una lamentable realidad que persiste y que se debe buscar cambiar con prioridad.
Los intentos que se venían haciendo por mostrar avances en la lucha contra el lavado de dinero ante organismos internacionales, como el Gafilat, aparecen inútiles o insuficientes. Las autoridades paraguayas no tenían ni idea de los movimientos ilegales que estaban siendo seguidos desde hace 18 meses por el FBI en el caso Tarragó.
Nuestro país solo conseguirá lavar su imagen con un saneamiento total del sistema político y de Justicia. Una tarea pendiente y urgente.
