El impacto económico de la eventual eliminación del tope máximo del haber jubilatorio para el grupo de navegantes marítimos podría alcanzar aproximadamente G. 1,14 billones, de acuerdo con una actualización del informe técnico actuarial elaborado por la Asesoría Actuarial del Instituto de Previsión Social (IPS).
El documento analiza la situación derivada del caso de un grupo de 129 asegurados de la actividad de navegantes marítimos que promovió una acción de inconstitucionalidad contra los citados artículos en el marco legal, la cual fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia mediante el Acuerdo y Sentencia N° 1917 del 22 de diciembre de 2016. La ejecución de dicho fallo obliga al IPS a reconocer haberes jubilatorios sin aplicación del tope legal.
Para realizar la estimación, la Asesoría Actuarial utilizó la información disponible de 55 asegurados con historia laboral completa, considerada representativa para los cálculos. El análisis incorporó componentes estadísticos, financieros y actuariales.
Para este grupo, el IPS estima un costo total de G. 486.512.238.765, compuesto por obligaciones retroactivas y compromisos futuros.
El componente financiero, correspondiente a los pagos retroactivos necesarios para regularizar los haberes jubilatorios, fue calculado en G. 163.502.047.865, con un promedio de aproximadamente G. 2.973 millones por persona.
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A este monto se suman G. 323.010.190.900 correspondientes al valor presente de los compromisos futuros derivados del reconocimiento de la diferencia entre los salarios considerados para el cálculo y los haberes jubilatorios. El promedio estimado en este componente es de aproximadamente G. 5.873 millones por persona.
El informe aclara que el monto retroactivo no contempla los pagos periódicos que los beneficiarios continuarían percibiendo en el futuro, por lo que el impacto económico asociado a la aplicación del fallo es superior al costo de regularización de los haberes atrasados, informó Monumental 1080 AM.
Al extrapolar el costo obtenido para los 55 asegurados al universo de 129 demandantes, el informe proyecta un impacto de aproximadamente G. 1,14 billones.
La propia Asesoría Actuarial precisa que se trata de una extrapolación simple y no de una cuantificación individualizada, por lo que la cifra debe interpretarse como una aproximación de la magnitud del impacto económico.
El informe también señala que una eventual extensión del criterio judicial podría involucrar a otros grupos, entre ellos jubilados que ya tenían haberes superiores al máximo legal al momento de acogerse al beneficio, así como cotizantes activos de navegantes marítimos y de otras actividades cuyos salarios de cotización superen el tope de beneficio.
No obstante, la Asesoría Actuarial indica que no puede cuantificar con precisión ese universo potencial debido a que el IPS no dispone de historias laborales completas, particularmente por la falta de digitalización de las cotizaciones anteriores al año 2000. El informe plantea la digitalización retroactiva de esos registros como una medida necesaria para dimensionar el riesgo.
Abogado de los afectados cuestiona alcance de la estimación
El abogado Raúl Mongelós, quien lleva la defensa de los afectados, reaccionó al informe y sostuvo que el IPS debe cumplir la resolución judicial.
“Es positivo que el IPS se plantee seriamente cumplir con sus obligaciones legales”, señaló, y agregó que el cumplimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia debe realizarse porque, según afirmó, no existen argumentos para dejar de cumplir una resolución de ese órgano.
Mongelós también cuestionó que el impacto pueda presentarse como un riesgo de bancarrota para el IPS. Según explicó, la sentencia corresponde a 129 capitanes, mientras que actualmente serían alrededor de 50 los jubilados comprendidos en el grupo. Agregó que no todos ellos solicitaron la ejecución de la resolución.
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“Solamente 22 capitanes son los que han solicitado al IPS el pago retroactivo”, afirmó el abogado.
Mongelós indicó además que, de acuerdo con su información, existen antecedentes de resoluciones judiciales en las que no se otorgó el mismo tratamiento a quienes solicitaron la eliminación del tope. Por ese motivo, sostuvo que debe diferenciarse el universo de personas alcanzadas por la acción del grupo que actualmente está reclamando la ejecución.
El abogado señaló que los pedidos de ejecución se encuentran tanto en trámite administrativo ante el IPS como en sede judicial. En algunos casos, agregó, ya solicitaron al Tribunal de Cuentas que se expida.
El listado proporcionado por Mongelós contiene 18 capitanes con expedientes administrativos identificados. De acuerdo con la información entregada, 13 casos ya cuentan con trámite administrativo y judicial iniciado y contestación de demanda, mientras que otros cinco figuran con trámite administrativo iniciado.
Entre los montos jubilatorios consignados en el listado aparecen casos que van desde G. 114,1 millones hasta G. 12.666,4 millones mensuales, según los datos proporcionados por el abogado.
