Un informe periodístico publicado ayer por este diario lo resumía de este modo, con un gran titular en la sección política: “Cárdenas: Un chicanero serial que acumula 5 procesos por corrupción”.
El reporte se refería a Roberto Cárdenas, ex intendente municipal de Lambaré durante el periodo 2010/2015, quien el próximo 17 de setiembre, si no ocurre un nuevo incidente, deberá enfrentar un nuevo juicio oral y público, esta vez por lesión de confianza.
El caso de Cárdenas es un lamentable ejemplo de cómo funciona la Justicia en el Paraguay (o quizás sería más apropiado decir: no funciona), favoreciendo a las chicanas y argucias legales para evitar los castigos, incluso a pesar de que se haya probado en juicios la culpabilidad en los procesos y se hayan emitido condenas.
El ex intendente colorado acumula procesos desde el 2015, tras el derrumbe de parte de las aulas del Colegio Nacional de Lambaré, que se derrumbaron sobre 16 alumnos que estaban dando clases, abriendo sospechas sobre construcción de obras con la utilización materiales de mala calidad y sobrefacturación de costos. En esta causa se acusa de un perjuicio patrimonial de G. 266.730.000 de los recursos del Fonacide.
En las dos causas en las que ya fue sentenciado este año, Cárdenas solo recibió condenas de dos años, con suspensión de la pena. La primera fue por lesión de confianza, por una mala utilización de fondos de royalties, ya que se hicieron transferencias para pavimentación a cuentas institucionales. En este proceso, el perjuicio demostrado fue de G. 6.000 millones. El juicio duró aproximadamente tres meses, debido a las diversas chicanas presentadas por el ex jefe comunal. La Fiscalía pidió ocho años de prisión, pero el tribunal –integrado por los jueces Alicia Orrego, Lilian Flores y Blas Imas– solo lo condenó a dos años y el político colorado ni siquiera pisó la cárcel.
La segunda condena se dio un mes después, en agosto de este año, por usurpación de funciones públicas. Los jueces Julio López, Juan Carlos Rocholl y Carolina Bernal sentenciaron al ex intendente por haber firmado contrato con una empresa, a la cual se adjudicó el almuerzo escolar, ya no siendo titular de la Municipalidad. Tampoco fue a prisión.
Cárdenas todavía tiene pendiente otros tres casos, incluyendo el que se lleva en su contra por el derrumbe de aulas del Colegio Nacional.
Otra causa guarda relación con el manejo del fondo de jubilaciones de empleados del personal de Lambaré, y el último caso, cuyo juicio se iniciaría el 17 de setiembre, es por lesión de confianza. Se habla de un perjuicio de más de G. 850 millones, por sobrefacturación de construcción y readecuación de 14 instituciones educativas.
Las instancias del Poder Judicial deben ser más expeditivas en evitar las chicanas, de lo contrario vuelven a aparecer complacientes ante otro caso emblemático, avalando de este modo la impunidad y ayudando a deteriorar aún más la imagen internacional de un país en donde las autoridades acusadas de enriquecerse ilegalmente con el dinero público acaban evadiendo muy fácilmente ir a la cárcel. Es tiempo de poner fin a estas avivadas que ponen en cuestión la independencia de la Justicia.
