En reunión de mesa directiva y líderes de bancada del Senado se dio a conocer ayer un dictamen jurídico en el que se condiciona comprobar el tráfico de influencias para que corra la pérdida de investidura del colorado Víctor Bogado.
El documento solicitado por el titular del Congreso, Silvio Ovelar, lleva la firma del director jurídico de la Cámara Alta, Matías Fernández.
El mismo sostuvo que por más de que las decisiones sean políticas en el Parlamento, en algún momento debe primar el argumento jurídico.
Lo primero que Fernández considera es que con base en principios de legalidad, congruencia e inocencia y para una correcta aplicación del artículo 201 de la Constitución Nacional, es necesario acceder a la copia de la sentencia definitiva.
Trajo a colación que el documento de la simbólica condena de Bogado por el caso niñera de oro, será leído en una audiencia pública este viernes en el Poder Judicial.
En el dictamen, se plantearon varias hipótesis en torno a la actuación que deben asumir los senadores.
Dentro de ese contexto, una de ellas indica que si la sentencia definitiva dictada por el tribunal declara responsabilidad penal y condena al senador por la comisión de hecho punible, previsto en la Ley 2523/2004, correspondería la pérdida de investidura.
Justamente, se hace referencia específica a la ley que previene, tipifica y sanciona el enriquecimiento ilícito en la función pública y el tráfico de influencia.
En otra opción, Fernández alega que si no se declara la responsabilidad penal y no hay condena, no corresponde que Bogado pierda su investidura.
Especifica que tampoco debe ser expulsado del Senado si en la sentencia definitiva se declara la responsabilidad penal y se lo condena por la comisión de hecho punible previsto en el artículo 313 del Código Penal por cobro indebido de honorarios en grado de complicidad.
Es decir, que por más de que sea condenado por la causa de la que se le acusa, podría permanecer en su banca.
“La posibilidad de resolver la pérdida de investidura del legislador sin que concurra la configuración del artículo 201 de la Constitución y sin que la condena privativa de libertad se encuentre firme ni ejecutoriada, lesionaría derechos y garantías constitucionales del debido proceso, así como normas internacionales en materia de derechos humanos”, concluye el dictamen.
Ahora el documento queda en manos de las diferentes bancadas para su análisis.
El vocero. El patriaqueridista Stephan Rasmussen fue designado vocero de la reunión de la mesa directiva y los líderes de bancada, y los demás senadores se limitaron a señalar que analizarán en bloque antes de dar veredicto.
Rasmussen sostuvo que su partido no va a apañar ningún tipo de corrupción de un colega ni aunque sea del sector de Patria Querida.
Refirió que para que se pueda tratar la pérdida de investidura tiene que haber una sesión extraordinaria. Hasta ahora no hay ningún pedido de convocatoria.
“Estamos analizando jurídicamente el caso con los asesores del partido y luego se va a tomar una decisión”, manifestó el senador.
