Las grabaciones, que habían sido proveídas por fuentes anónimas, involucraban principalmente al entonces presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el senador colorado cartista Óscar González Daher, uno de los caudillos políticos más poderosos, a quien este diario ya había investigado y denunciado por presunta evasión de impuestos y otros delitos, entre ellos el de manejar un esquema de usura desde su feudo en la ciudad de Luque, junto con su hermano Ramón González Daher y otros familiares y miembros de su entorno.
También aparecían directamente envueltos en los graves hechos irregulares el secretario de González Daher, el abogado Raúl Fernández Lippmann, y el ex ministro del Interior Carmelo Caballero, como el senador oviedista Jorge Oviedo Matto, entre otras figuras.
El escándalo llevó a que González Daher pierda su investidura como legislador en dos ocasiones, con su expulsión del Senado y la renuncia de Oviedo Matto. Igualmente, el Ministerio Público imputó y abrió una investigación por supuesto tráfico de influencias y asociación criminal contra los cuatro principales involucrados que, tras varias dilaciones y chicanas por parte de los defensores, ha llegado por fin a juicio oral.
El juzgamiento, que ocupa la atención central de la prensa y de toda la sociedad, supone un gran desafío para el sistema, porque de alguna manera hace que la Justicia se esté juzgando a sí misma. Aunque para la población paraguaya no constituye ninguna novedad que exista un alto nivel de corrupción en el Poder Judicial, al igual que en ámbitos de la Fiscalía y de la clase política, haber escuchado casos muy concretos y haberle puesto rostros, nombres y apellidos al descaro delictivo de los poderosos, fue una situación sumamente interesante.
La instrumentación política de los procesos judiciales, la falta de imparcialidad y las diversas otras modalidades de corrupción aplicadas, quedaron totalmente expuestas como partes de las principales causas de violación sistemática del debido proceso y de los derechos humanos, que han convertido en un verdadero escándalo a algunos casos emblemáticos, como el tristemente célebre caso de los campesinos de la masacre de Curuguaty.
La revelación del vergonzoso esquema, que en 2017 evidenció cómo se manipulaban y se traficaban sentencias judiciales, o se alteraban decisiones sobre sonados casos a cambio de dinero o bajo extorsión política, constituye uno de los capítulos más negros de nuestro proceso democrático.
Con el actual juicio oral por el caso de los audios filtrados, el sistema de Justicia tiene ante sí el desafío de rehabilitarse.
Esperemos que esta no sea una oportunidad perdida.