La acusación y el pedido de juicio es en contra de los ex ministros Carlos Arregui (ex Seprelad), Arnaldo Giuzzio (del Interior), René Fernández (de la Secretaría Anticorrupción - Senac), así como también de funcionarios de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carmen Pereira (ex viceministra), Daniel Farías Kronawetter, Guillermo Preda y Francisco Pereira.
Todos fueron acusados por asociación criminal, usurpación de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio.
El relato de la Fiscalía sostiene que “durante el 2021 y 2022 el entonces presidente Mario Abdo Benítez habría gestado un esquema que aspiraba a generar investigaciones penales en contra de figuras contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado”. Supuestamente desde la Seprelad habrían redactado un informe de inteligencia identificado como “MARA041922MP”, donde mencionan que se introdujo “información tergiversada y falsa”.
Según el Ministerio Público, este informe fue posteriormente “filtrado a los medios de prensa”, específicamente Última Hora y ABC Color, por parte de Carlos Arregui, cuando era ministro de Seprelad, y también por sus funcionarios.
¿QUIÉNES SON? Ayer, las defensas de los imputados y hasta legisladores anunciaron una “acusación cantada” en esta causa. Incluso, que ya estaba redactado el documento desde hace días y solo buscaban supuestamente un “fiscal a la medida que firme”.
En el transcurso del día, abogados de los procesados recusaron a los fiscales Elva Cáceres, Osmar Segovia y César Sosa, así como a la fiscala adjunta Matilde Moreno y el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón.
Ya en la noche, la fiscala adjunta Patricia Rivarola (interina) asignó a la causa a los fiscales Silvia González y Christian Benítez.
Este último, hasta el año pasado fue relator del fiscal Aldo Cantero, el mismo fiscal que imputó a Mario Abdo Benítez y ex ministros en esta misma causa.
Incluso, se sospecha que Benítez fue el que redactó la imputación.
Además, él salió como testigo de Cantero en la denuncia que se hizo en su contra, tras saltar a luz los supuestos intercambios de mensajes entre Cantero y Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, dando este último las instrucciones. En cuanto a la adjunta Rivarola, quien designó a los nuevos fiscales, ella fue puesta como interina desde el 7 de marzo, ya que Matilde Moreno salía de vacaciones.
Rivarola también fue mencionada en los chats. Incluso, fue apartada del caso por el mismo fiscal general, a través de la resolución el 14 de marzo del 2024. Fue interrogada por la Inspectoría del Ministerio Público, tras ser salpicada por el Lalo Gate, ya que ella coordinaba la causa.
