El documento establece claramente el rechazo a la recusación planteada por los abogados Guillermo Duarte Cacavelos y Santiago Lovera en representación de la querella adhesiva contra la fiscal Raquel Fernández.
Así también, se reasigna de manera provisoria la causa a la fiscal Silvana Otazú, quien por su parte ya se había inhibido de la causa por una amistad que tiene con Duarte Cacavelos, y la misma Fernández había también solicitado que la apartaran del caso.
El problema y lo grave del caso es que esto deja a la causa actualmente sin fiscal y en 55 días vence el plazo para seguir investigando, explicó Duarte a Última Hora.
“Vamos a exigirle al fiscal general interino que asigne a fiscales serios en la investigación del caso”, informó el abogado.
Explicó que al impugnar el rechazo, será nuevamente Fernández la que quede al frente de la investigación, por lo que exigirán seriedad al Ministerio Público en el caso.
Le preocupa que venzan los plazos y que tengan que acusar sin que se dé la oportunidad de investigar el caso a profundidad.
La causa investiga a los policías Gustavo Florentín, Tomás Paredes Palma, Alberto Báez y Guido Amarilla como sospechosos del asesinato del joven Rodrigo Quintana, el 31 de marzo del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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Fernández había sido recusada después de que se haya visto involucrada en uno de los audios difundidos desde el celular de Raúl Fernández Lippmann, ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Cuando tenía a su cargo la investigación, la fiscal se negó a solicitar a las compañías telefónicas el cruce de llamadas de los investigados para confirmar quién dio la orden de que se ingrese a la sede partidaria. Había argumentado que lo consideraba morboso y que atentaba contra la privacidad.
