Saltan nombres de familiares de diputados de Honor Colorado en la nómina de funcionarios de la Defensoría del Pueblo. Igualmente, partidarios de este movimiento interno de la ANR figuran en la lista.
La bancada cartista de diputados ya adelantó su voto en contra del juicio político a Godoy, a ser estudiado en sesión extraordinaria agendada para mañana de tarde.
El líder de bancada, Basilio Bachi Núñez, quien fue el vocero de la determinación, no supo qué responder cuando se le preguntó por algún mérito de Miguel Godoy que el bloque consideró, como para posicionarse a favor de su permanencia en el cargo.
“La decisión de la bancada es el mérito. Para mí, el tema de la Defensoría del Pueblo no es el problema del país”, había manifestado.
Parte de esta bancada es la diputada de Canindeyú, Cristina Villalba, quien tiene a un sobrino en la institución manejada por Miguel Godoy.
Su nombre es Evelio Villalba Cardozo, funcionario permanente de la Defensoría, desde su incorporación al plantel en octubre del 2019.
El bachiller técnico en agropecuaria, como figura en la nómina de funcionarios, tiene cargo de director y una remuneración mensual de G. 6.500.000. Desde el año 2021, está comisionado al Juzgado de Paz de Francisco Caballero Álvarez, en la ciudad de La Paloma (Canindeyú), de donde es oriunda su tía.
El diputado Derlis Maidana, de Misiones, también de la bancada de Honor Colorado, asimismo consiguió ubicar a su hija en la Defensoría del Pueblo.
Yanina Maidana Figueredo, de 21 años de edad, ingresó a la institución en setiembre del 2020, ya con su nombramiento. Percibe un sueldo de poco más de G. 3.000.000, según la nómina de funcionarios.
La joven actualmente está comisionada a la Cámara de Diputados, donde presta servicios en la oficina del colega de su padre, también de Misiones, pero del Partido Liberal, Hugo Capurro.
Asimismo, adeptos al cartismo desplazaron de la institución, en muchos casos, a funcionarios de carrera. Los despidos arbitrarios han sido una constante en la administración de Godoy, según denunciaron ex funcionarios afectados.
Luz Cattebeke, quien según fuentes responde al diputado Bachi Núñez, ingresó a la Defensoría del Pueblo en julio del 2021, ya como funcionaria permanente. La mujer percibe una remuneración de G. 4.000.000 como jefa del Departamento de Derechos de las Mujeres. Cattebeke fija domicilio en Benjamín Aceval (Presidente Hayes), departamento al que representa el cartista en la Cámara Baja.
Mientras que en Pilar (Ñeembucú), Godoy montó una oficina de la institución, donde acomodó a gente del equipo político del diputado Pedro Alliana, compañero de fórmula de Santiago Peña.
Yenysey Valdez fue contratada en setiembre del 2021 y ocupa el cargo de jefa de Informes, con un sueldo de G. 4.000.000. Alicia Luján fue incorporada durante el mismo periodo y es la delegada, con un salario de G. 2.800.000. Mercedes Jiménez y Del Pilar Armoa (esta última en la fotografía junto a Alliana) también fueron contratadas el año pasado.
No solo diputados ubicaron a su gente en la Defensoría, también senadores que responden al cartismo.
Por citar a uno, el senador Martín Arévalo tiene a varios de su equipo político en la institución. Pedro Santa Cruz fue contratado por Godoy en diciembre del 2021. Es director de Asuntos Jurídicos Internos y percibe una remuneración mensual de G. 7.000.000.
Santa Cruz constantemente está compartiendo en sus redes sociales las actividades proselitistas del legislador.
Son solo algunos de los varios casos que existen en la institución.
DEFENSA DE PEÑA. El precandidato cartista a la presidencia de la República, Santiago Peña, defendió la gestión de Miguel Godoy, y dijo que los motivos que se presentaron como causales para el pedido de juicio político son “argumentos subjetivos”.
“Creo que hoy las consideraciones que están llevando a hacerle un juicio político, están más vinculadas a un plano político-electoral”, expresó a Monumental 1080 AM.
Un grueso de irregularidades se exponen en los dos libelos acusatorios contra el defensor, que fueron presentados ante la Cámara de Diputados.
COBROS ILEGALES. Una de las anomalías que se detallan, y que está entre las más graves, tiene que ver con supuestos cobros indebidos a objetores de conciencia. Este hecho, además, motivó una denuncia penal contra Godoy por exacción (exigencia de pago ilegal).
La denuncia impulsada por la abogada Diana Vargas expresa que el defensor del Pueblo “ha hecho una interpretación antojadiza” del artículo 21 de la Ley 4013/10 –que reglamenta la objeción de conciencia– “con el único fin de recaudar ilegalmente”.
Dicho artículo indica que solo se podrá cobrar a aquellos que se declararon objetores antes de la entrada en vigencia de la ley (2010) y no quieren realizar el servicio civil. Las personas que llegan a la edad en la que deben cumplir el servicio militar obligatorio, pero prefieren declararse objetores, no están obligadas a pagar.
SUPUESTAS COIMAS. ÚH divulgó varios audios filtrados de supuestos gestores que involucran en un esquema de coimas alrededor de expedientes sobre indemnizaciones de víctimas de la dictadura, nada más y nada menos, que a uno de los hombres de confianza del defensor.
Se trata del director general de Gabinete de la Defensoría, Carmelo Núñez, quien se desmarcó de dichos audios, donde se mencionan supuestos pagos por resoluciones.
Justamente, el manejo arbitrario de indemnizaciones a víctimas de la dictadura es una de las causales del libelo acusatorio que respalda el pedido de juicio político contra Godoy.
Miguel Godoy soporta además varias denuncias por maltratos. Y es protagonista constante de polémicas.
Recientemente fue denunciado por diputados que promueven su enjuiciamiento por supuestamente planear plantarles droga.
Al amparo de Honor Colorado, este cuestionado se aferra a su cargo.
Familiares de diputados de HC y varios adeptos a este movimiento interno de la ANR ocupan cargos en el ente.
Creo que hoy las consideraciones que están llevando a hacerle un juicio político (a Godoy) están más vinculadas a un plano político-electoral.
Santiago Peña,
precandidato a la presidencia.
