El próximo paso es la modificación de la ley que se encuentra en la Cámara Baja, luego de ser aprobada por el Senado. Pero no serán los diputados quienes harán los cambios directamente, sino dos senadores, que fueron los encargados de ajustar el documento para “dar tranquilidad” a su electorado de que la normativa no está dirigida a ellos. Serán excluidas algunas organizaciones; sin embargo, se mantendrán los medios de prensa, informó una fuente a Última Hora.
Los legisladores que bajarán línea de las modificaciones son Gustavo Leite y Derlis Maidana. El cambio más específico estará en el artículo 2, del alcance de la ley. Esto luego de que, debido a la generalidad del texto y de las alertas que fueron emitidas por las organizaciones afectadas, el temor creció entre un público del que el cartismo no tiene interés de que rindan cuentas, algunas no reciben fondos ni del Estado ni de instituciones privadas.
La modificación del artículo apunta a precisar a quiénes se excluye de la ley, estableciendo algunas limitaciones y especificaciones. Entre las excepciones estarán los bomberos y las comisiones vecinales. “De tanto que se habló del tema, se quedaron quebrantados el Cuerpo de Bomberos Voluntarios, las comisiones de fomento... La modificación va por el lado de precisar a quiénes se les excluye”, detalló la fuente.
Los medios de comunicación no serán excluidos del alcance de la ley. El argumento específico es que el control afectará a todos los que reciben fondos públicos o privados como primer requisito, y que incidan en políticas públicas, como segundo. “Entran todas las organizaciones que reciban fondos públicos o privados para incidir en políticas públicas; ahí también se habla de los medios de prensa”, apuntó.
El nuevo relato del cartismo ya comenzó y se dirige específicamente hacia las organizaciones con líneas opositoras al modelo del gobierno.
El objetivo es aplicar los ajustes para dejar el proyecto listo para su promulgación por parte de Santiago Peña, pese al pedido de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) de retirar la normativa por transgredir derechos básicos.
