Política

Cartista defendió a fiscala tras sobreseimiento de su marido

 

La diputada colorada Blanca Vargas de Caballero, de Minga Guazú, esposa del ex intendente y precandidato a diputado por el movimiento Honor Colorado (HC) Digno Caballero, ejerció la defensa de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, durante el estudio del enjuiciamiento en la Cámara Baja.

Coincidentemente, su marido fue desafectado en un proceso por delitos ambientales por el Ministerio Público. Caballero estuvo imputado por los delitos de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación ambiental, en el año 2020. Caballero era intendente municipal de la ciudad de Minga Guazú, en el Alto Paraná.

Se trata de la causa 6128/2020 en la que aparece Feliciano Ríos Ocampo de la firma Serteco, incluyendo a Caballero y otros cuatro funcionarios de la Municipalidad de Minga Guazú, identificados como Víctor Ramón Villasanti, director del Medio Ambiente de la Municipalidad, y Pedro González Mieres, fiscal ambiental, además de Juan Dittrich Peña y Cecilio Venialgo.

IMPUTACIÓN. La imputación había sido presentada por el agente fiscal Alcides Jiménez, luego de que se constituyera en un vertedero autorizado por Caballero, donde no existía un relleno sanitario, ni una fosa de lixiviado. Fue con funcionarios del Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) hasta el vertedero ubicado en el kilómetro 20 de la ruta PY02.

En el caso asumió el fiscal Adolfo Santander, tras la recusación de Jiménez por parte de la defensa.

Este fiscal pidió el sobreseimiento del intendente municipal, señalando que si bien el mismo tenía conocimiento de la existencia del sitio donde debía funcionar el relleno sanitario, no era el responsable de su ejecución.

El representante de la firma Serteco, Feliciano Ríos Ocampo, fue acusado y su caso elevado a juicio oral y público está pendiente.

Los funcionarios municipales recurrieron a la figura del procedimiento abreviado, logrando su condena a 2 años de pena privativa de libertad con suspensión de la ejecución de la condena, para lo cual ofrecieron una donación de G. 200.000 mensuales a los bomberos. Esto se registró entre octubre del año pasado y abril de este año.

OPOSICIÓN. La jueza penal de garantías Alba Meza remitió los antecedentes con relación a Caballero a la Fiscalía General Adjunta, tras el pedido de sobreseimiento definitivo realizado por el fiscal Santander, durante la audiencia preliminar del 13 de octubre del año pasado. El fiscal adjunto Humberto Rossetti se ratificó en la postura de Santander, quedando confirmado el sobreseimiento.

Santander sostiene que el contrato obliga a la firma Serteco a operar, mantener el sitio de disposición final de residuos sólidos, cumpliendo con el plan de gestión ambiental, además de asumir todos los riesgos propios de la ejecución y ser la única responsable ante los órganos judiciales y administrativos, en la cláusula 14.

CLÁUSULA. En la cláusula 3 del mismo documento, se autoriza a Serteco la ejecución del proyecto de la planta de gestión, tratamiento, implementación y operación de relleno sanitario y relleno de seguridad para residuos sólidos y líquidos industriales no peligrosos en el terreno adquirido por la Municipalidad.

También la autorización legal para organizar y formalizar la actividad de los segregados informales con el Departamento del Medio Ambiente de la Municipalidad, por lo que se procedió a la imputación de los funcionarios y el pedido de sobreseimiento a favor de Caballero, conforme a la explicación del fiscal.

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