El equipo empresarial del presidente Horacio Cartes comenzó a presionar al Parlamento para evitar que el cigarrillo pague un impuesto de 30%. Actualmente en Paraguay –según la OMS– las tabacaleras pagan solo 16%, mientras que el más bajo continental es de EEUU, con un 42,5%, y el regional más cercano es Brasil, con 64,9%.
Su ariete principal es José Ortiz, gerente de Tabesa –la cigarrillera de Cartes–, también conocido por su permanente intromisión en asuntos de gobierno y del poder político.
En su aparición en escena, el martes, difundió una serie de frases falsas tratando de confundir e instalar la idea de que si se aprueba el gravamen sobrevendrá una catástrofe; amenazando además con que si tal cosa ocurriere, en el país se instalará el mercado negro del cigarrillo. Como si ya no existiera, y como si ellos, en parte, no operaran en esa línea desde hace muchos años.
El ariete del empresario presidente también alegó –faltando a datos oficiales– que ni en Noruega (que tiene un impuesto al cigarrillo del 68,8%) ni en Canadá (que impone 69,8%) se aplicaban este tipo de impuestos.
Tabesa –dice Ortiz– produce una facturación anual de USD 300 millones. En esa línea, en estos días anda apareciendo en la televisión la publicidad de que es la empresa del rubro que más aporta al Fisco, una obligación impositiva que debería ser mayor. El 95% de la producción –siempre según Ortiz– se comercializa dentro del país y el 5% va al exterior. Sin embargo, ya en 2014 el gobierno del departamento de Bolívar, en Colombia, demandó por montos multimillonarios a la empresa Tabesa por contrabando de cigarrillos; y Cartes fue investigado por organismos estadounidenses bajo sospecha de ingresar cigarrillos a ese país evadiendo impuestos. Según su gerente, tales hechos son informaciones erradas.
La razón de establecer tasas impositivas significativas a la producción y comercio del cigarrillo, desde la propia OMS, es desahuciar la adicción y el consumo, atendiendo que el negocio deja multimillonarias ganancias a los empresarios, pero una devastación en la población –fumadora activa y pasiva– y finalmente el elevado costo de tratamiento de las enfermedades producidas, como cánceres de pulmón, boca, garganta, esófago y laringe, queda a costa de los ya deficientes servicios de salud del Estado.
El proyecto de ley que moviliza a los tabacaleros también plantea impuesto de G. 1.500 por cajetilla y una trazabilidad para controlar el destino de los cigarrillos.
La propuesta será tratada en el Senado la próxima semana. Veremos cuánto importa a Cartes y demás gobernantes la salud de la población.