En el documento –publicado recientemente y que consta de 47 páginas– el purpurado paraguayo advierte sobre la debilidad de las instituciones democráticas para responder a las necesidades de los sectores más vulnerables. ‘‘Más del 50% de los habitantes de nuestro país están afectados por condiciones de precariedad e incertidumbre para una vida digna. Hacia esa población necesitamos enfocar nuestra mirada y unir nuestros mejores esfuerzos’’.
Asegura que esta crisis es consecuencia de un “empobrecimiento ético en la práctica de la política” que ha favorecido el avance del crimen organizado; narcotráfico y otros tipos de tráfico, que incluye la trata de personas, contrabando, fraudes, lavado de dinero.
En este contexto, cada vez es más fuerte ‘‘el clamor de una Justicia para todos, pronta y sin distinciones económicas o de poder’’. ‘‘Una Justicia independiente, con probada rectitud, honestidad y patriotismo, debe constituirse en la salvaguarda y garantía para nuestro sistema democrático’’.
El arzobispo recuerda que no puede haber democracia estable sin justicia social; afirma que “no existe paz sin pan” y que el país necesita una verdadera división de poderes y un Estado social de derecho.
Desplazados. En su Carta, Martínez vuelve a denunciar la situación de los campesinos y pueblos indígenas, quienes ‘‘siguen siendo marginados en el desarrollo del país’’. Explica que el sistema económico actual ha generado profundas brechas de desigualdad y llevado a la migración forzada de muchas familias rurales hacia las ciudades.
Los indígenas, campesinos, niños y ancianos son los más afectados por el desplazamiento forzado. Están expuestos a enfermedades y explotación. La trata de personas, que incluye diversas formas de esclavitud y violencia, se convierte en una grave preocupación social.
‘‘Los campesinos y pueblos indígenas deben ser protagonistas de su propia dignificación’’, asegura, por lo que urge a fortalecer la agricultura familiar campesina y la agroecología y a implementar políticas que protejan la integridad territorial y cultural de los pueblos nativos.
Menciona además el deterioro ambiental, debido a un modelo económico extractivista que prioriza la ganancia sobre el bienestar de la población y la naturaleza.
Sin rumbo. El primado de la Iglesia Católica paraguaya también menciona la falta de oportunidades para los jóvenes, lo que los expone a la delincuencia y al crimen organizado. “El fenómeno de los ‘nini’ –jóvenes que ni estudian ni trabajan– debe ser atendido con urgencia, para evitar que sean víctimas de grupos delictivos”, sostiene.
Resalta el papel de las redes sociales y nuevas tecnologías, que pueden ser herramientas de evangelización, pero también un espacio de desinformación y polarización. Insta a reforzar la Pastoral Juvenil y a acompañar a los jóvenes en su búsqueda de sentido y desarrollo personal.
El documento también aborda la situación de la mujer, denuncia la violencia de género y la subordinación en distintos ámbitos. “Nos duele una cultura en la que la mujer es subordinada al varón y en la que la violencia contra ella se normaliza”, expresa el cardenal al destacar el aumento de feminicidios como una grave preocupación.
Además, exige que se reconozca el aporte de las mujeres en la Iglesia y la sociedad, promoviendo su acceso a espacios de decisión y formación teológica.
Ante todo lo expuesto, el cardenal Martínez Flores enfatiza el papel de los laicos en la construcción de una sociedad justa, instándolos a asumir su compromiso bautismal en la política, la economía y la justicia social.
Afirma que la democracia solo será posible con una ciudadanía activa y vigilante, que defienda sus derechos y luche contra la corrupción. “Es incompatible confesar ser cristiano y ser corrupto”, recuerda el primado.
