Los hechos tuvieron lugar en Ovalle, 500 kilómetros al norte de Santiago, Chile, el 19 de octubre de 2019, el segundo día de manifestaciones del denominado “estallido social”, la mayor crisis desde el retorno a la democracia en 1990, que se extendió durante más de un año con masivas protestas por la igualdad.
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle determinó que el uniformado, de siglas H.R.N.C., forcejeó, redujo e inmovilizó a la víctima para luego dispararle en la ingle a corta distancia con su arma de fuego personal.
El manifestante fue detenido y trasladado a una comisaría en Ovalle, recinto policial donde fue “arrastrado, golpeado, jalado del pelo e ingresado a un calabozo”, según informó el Poder Judicial.
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La víctima sufrió una fractura en la zona púbica de carácter grave, además de heridas y lesiones leves en diversas partes del cuerpo.
H.R.N.C. fue condenado también a falsificación de instrumento público por mentir en el parte policial indicando que el manifestante era autor del delito de maltrato contra un carabinero, hechos que fueron desmentidos por la Justicia.
Durante la crisis social, en la que fallecieron una treintena de personas y resultaron heridas varios miles, organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW), señalaron directamente las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.
De las 10.796 denuncias interpuestas por violencia policial en el contexto de esa crisis, solo nueve habían desembocado en sentencias condenatorias el pasado marzo, con acusaciones de “golpizas, torturas, homicidios, violencia sexual y mutilaciones oculares”, según datos de Amnistía Internacional.
