El 1 de enero entró en vigor esta nueva ley aprobada por el gobierno de Justin Trudeau ante el aumento de los precios de las viviendas en Canadá desde el comienzo de la pandemia y la creencia de que los compradores extranjeros adquirieron numerosas propiedades como inversión.
Según ha explicado en los últimos meses Trudeau, en el mercado inmobiliario canadiense se han producido numerosas operaciones de especulación a manos de corporaciones e inversores extranjeros que han generado un problema de falta de vivienda y de precios disparados.
“Las casas son para las personas, no para los inversionistas”, ha insistido el presidente canadiense.
Sin embargo, sí podrán comprar viviendas los refugiados y los residentes permanentes de Canadá que la vayan a usar como residencia principal.
La medida, una de las promesas electorales de Trudeau en su última campaña a las elecciones de 2019, se pone en práctica, pese a que los precios de la vivienda en Canadá han caído en torno al 13% este año, según la Asociación Canadiense de Bienes Raíces.
Todo ello después de fuertes subidas tras la pandemia y de que el Banco de Canadá haya estado elevando las tasas de interés en los últimos meses.
El pasado mes de abril, el Gobierno canadiense presentó su proyecto presupuestario para el año fiscal 2022-2023 concentrado en la reducción del déficit y el abaratamiento de la vivienda en el país.
De los 31.200 millones de dólares canadienses (USD 24.800 millones), correspondientes al nuevo gasto, una tercera parte está destinada a hacer la compra de viviendas más asequibles para los canadienses.
