La notificación de la acción fue hecha el 3 de setiembre del 2018, y, hasta el momento, según el camarista, no obtuvo una respuesta del titular del Poder Ejecutivo.
Lovera Cañete había sido electo por el Senado por 27 votos a favor, como ministro del Máximo Tribunal de la República el 20 de agosto de 2009.
Sin embargo, por Decreto 2780 del 25 de agosto del 2009, el entonces presidente Fernando Lugo Méndez le negó el acuerdo presidencial por lo que no pudo integrar la Corte Suprema.
Es así que el camarista accionó ante la Sala Constitucional contra el decreto presidencial, debido a que no estaba señalado el motivo por el cual se negó el acuerdo.
Luego de varios años, el 3 de setiembre del 2018, la Corte Suprema de Justicia, integrada por el ministro Sindulfo Blanco y los camaristas Eusebio Coronel y Arnaldo Martínez Prieto, hicieron lugar a la acción que promovió.
Blanco votó por declarar inoficiosa la acción, ya que la Corte estaba completa. No obstante, los camaristas que integraron la Sala Constitucional admitieron el pedido.
Sostuvieron que el decreto presidencial de Fernando Lugo era nulo porque no estaba fundado. Pese a ello, sostuvieron que la admisión de la acción no implicaba que Lovera tenía el acuerdo para integrar la Corte.
Indican que ”la invalidez o ineficacia del decreto no implica la concesión del acuerdo, como desde luego no podría ser pues dicho extremo está vedado por ser una función privativa del Poder Ejecutivo”.
Pese a ello, la Corte dispuso librar oficio al Poder Ejecutivo para hacer saber la declaración de inconstitucionalidad del Decreto 2780 del 25 de agosto del 2009, y que, en lo sucesivo, el decreto que deniegue el acuerdo constitucional al candidato electo por el Senado debe estar motivado.
La notificación se hizo en setiembre del 2018, y según Lovera, cumplió con todos los requisitos para integrar la terna y fue electo por el Senado, por lo que se le tendría que dar el acuerdo.
Con ello, espera que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, le dé una respuesta, ya que fue notificado vía oficio de la resolución de la Sala Constitucional de la Corte.