Los diputados consumaron el salvataje a tres municipios sobre los cuales pesaban denuncias de irregularidades. Esto fue posible con mayorías aplastantes de la ANR y el PLRA que se unieron para ejecutar el denominado “pacto de impunidad azulgrana”. Excepto algunas honrosas excepciones, todos votaron por esconder debajo de las alfombra las denuncias.
Primero, salvaron a la intendenta de Valenzuela, Cordillera, la liberal Mirtha Fernández, quien está denunciada por supuesto desvío de fondos. Entre los antecedentes se mencionan que fueron hallados cheques que debían ser para el pago a contratistas, pero endosados por el hermano del tesorero municipal. Asimismo, se había presentado una lista de las obras de una dudosa calidad o que no aparecían en los sitios donde debían haberse hecho. La intendenta está imputada por supuesto desvío de fondos y el perjuicio sería de G. 1.200 millones.
Otro municipio que se salvó de la intervención es el de Puerto Casado, en el Chaco. El denominado pacto azulgrana enterró la posibilidad de intervenir el Municipio administrado por Hilario Adorno, quien está imputado. Este intendente está acusado de haber comprado una camioneta con el dinero público, además según el informe de Contraloría, pagó las obras de la casa de su madre con fondos municipales, también hay un presunto daño patrimonial con dinero de Fonacide por valor de G. 600 millones.
Otro caso es el de Ñemby, en Central, la administración de Tomás Olmedo que contrató a la empresa Mbarete para varias obras, una de ellas fue objetada por Contrataciones, cuyo informe señala que la firma beneficiaria sería de su socio. Los concejales objetan la suma de G. 9.000 millones sin respaldo.
Lamentablemente, estos diputados eligieron la opción de ser cómplices de las irregularidades y de la falta de transparencia y rompieron el juramento de servir al pueblo paraguayo, ubicándose al lado de administradores de los recursos públicos que privilegian sus propios intereses por encima de las necesidades de los pobladores.
Para los diputados que votaron en minoría a favor de las intervenciones de estos municipios existe otro motivo de preocupación y se trata de que la pretendida renovación de la cámara no ha sido tal. De los diputados que ingresaron en este periodo ni el 20% votó por la transparencia. Se señala que el tercer espacio se destacó en aprobar las intervenciones, apenas un liberal votó por todas las intervenciones y los colorados votaron en bloque por la impunidad, salvo pocas excepciones.
Las autoridades municipales son desde la misma definición las que se encuentran más cerca de la realidad de la gente, deberían conocer sus problemas y, de hecho, recurren a esta información cuando en tiempos de campaña recorren los barrios para pedir votos. Los municipios cuentan con abundantes recursos a su disposición para satisfacer las necesidades y las demandas de la comunidad, para resolver sus problemas y no tiene otra razón de ser que trabajar para lograr el bienestar de los ciudadanos. Sin embargo, son pocas las comunidades que pueden manifestar algún grado de satisfacción respecto a sus autoridades. Parte de este descreimiento viene por la impunidad que logran a nivel político respecto de los actos de corruptela. Los municipios en el Paraguay tienen una extensa deuda pendiente con la ciudadanía por la mala gestión, por la corrupción, por el mal uso de los recursos y por los deficientes servicios a la población.
Con la complicidad de los diputados con estos intendentes investigados queda claro el mensaje a la sociedad paraguaya: Nadie representa los intereses del pueblo.