La citada normativa establece condiciones para la apertura de depósitos de mercaderías de importadores privados, bajo régimen impositivo de turismo, para su exclusiva venta a clientes extranjeros identificados, a través del comercio electrónico. No podrá entrar en vigencia hasta que la Cancillería logre un acuerdo con el Brasil.
“Nosotros insistimos en que ese decreto no salga, pero mucho no podemos hacer y, evidentemente, el Gobierno quiere darle algo a la gente de frontera porque ahí está todo parado”, subrayó.
Otazo expresó que no sabe para qué serviría esta disposición que puede ser perjudicial si es mal utilizada. “Podría ser aprovechada por los que operan al margen de la ley ya que es difícil controlar las mercaderías que van a ingresar y serán llevadas a depósitos para la reexportación, aun cuando el monto de venta máximo es de mil dólares”, advirtió.
Apuntó que si los calzados y confecciones que se importan a través de este decreto no permean los controles para llegar al mercado nacional, no habrá problemas, pero está latente el temor de que eso pueda ocurrir.