Calderón se sentará en el banquillo de los acusados cuatro años después de estallar el escándalo por el desvío de fondos de un préstamo de 39,5 millones de dólares que la estatal Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) adquirió con el Gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico.
Los cargos formales que presentó la Fiscalía en contra del ex mandatario son corrupción agravada y hurto de caudales públicos. EFE | Ampliar imagen
Los cargos formales que presentó la Fiscalía en contra del ex mandatario son corrupción agravada y hurto de caudales públicos.
Según la acusación pública, del crédito aprobado por el Congreso costarricense en 2001, cuando Calderón, que actualmente está en libertad condicional, ya no era jefe de Estado, este recibió en una cuenta bancaria en Panamá una comisión de 520.000 dólares.
La Fiscalía indica que cerca de ocho millones de dólares de ese crédito fueron repartidos en comisiones entre políticos y funcionarios públicos, como el ex presidente de la CCSS Eliseo Vargas, que también están procesados.
Calderón, que ha insistido todo el tiempo en su inocencia, fue involucrado en el caso por Vargas, quien lo responsabilizó del reparto de las comisiones.
Ambos pertenecían al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), que gobernó el país entre 1998 y 2006.
Según Walter Reiche, presidente de la Corporación Fischel, representante en Costa Rica de la firma finlandesa Instrumentarium Medko Medical, que vendió los equipos médicos, Calderón les brindó una “asesoría política”.
Se cree que por este negocio Fischel recibió más de ocho millones de dólares que el ex gobernante repartió como comisiones entre funcionarios de la CCSS y la empresa.
La acusación de la Fiscalía, presentada en marzo de 2007, indica que Calderón, Vargas y los demás sospechosos idearon un “plan delictivo” para permitir la compra de los equipos finlandeses y sacar provecho del préstamo contraído por el Estado.
El juicio contra el ex gobernante inicia en momentos en que este ha reconocido su interés en una nueva postulación para la Presidencia, o al menos como diputado en las elecciones de 2010.
La semana pasada, Calderón pagó un espacio en televisión nacional en el que aseguró estar “contento de que al fin ha llegado el momento de demostrar, con pruebas documentales y hechos”, que no ha cometido ningún delito.
“Con humildad y con la frente en alto, me someto ante los tribunales de justicia de mi país, para demostrar que legalmente recibí honorarios profesionales de una compañía privada en mi condición de abogado”, insistió.
