El 4 de diciembre del 2020, el Gobierno presentaba al Congreso el proyecto de ley “de fortalecimiento de la institucionalidad fiscal”.
La propuesta es más conocida como la Ley de Responsabilidad Fiscal 2.0, pues tiene como objetivo principal ajustar ciertos parámetros establecidos por Ley 5098/13 y que forman parte de la regla fiscal.
Los principales puntos del proyecto de ley, aunque también con excepciones, tienen que ver con establecer limitaciones al déficit fiscal y a la deuda pública. Con respecto al saldo rojo del Fisco, la propuesta limita su tope máximo en relación al nivel del pasivo paraguayo. En ese sentido, estipula que el techo del déficit fiscal anual seguirá en el 1,5% del PIB; sin embargo, señala que ese indicador no podrá superar el 1% si es que la deuda es igual o superior al 36% del PIB.
En cuanto a la deuda pública, el proyecto de ley topea este ítem en el 40% del PIB, solamente 6 puntos porcentuales por encima del nivel en el que se encuentra actualmente el pasivo paraguayo.
En caso de aplicarse las cláusulas de escape, por emergencias nacionales o desaceleración económica, el proyecto de ley fija que el retorno a la regla debe darse en un periodo máximo de 3 años; mientras que en el caso del pasivo, Hacienda y el Consejo Asesor Fiscal deben idear un plan de convergencia, el cual debe ser aprobado por el Congreso.
Esta ley es clave para volver a la senda de la sostenibilidad de las finanzas públicas; sin embargo, duerme el sueño de los justos en el Senado, a casi 9 meses de haber tenido entrada oficial.
Para entender un poco la dimensión de este planteamiento, debemos retroceder al menos hasta el 2013. El Gobierno de Horacio Cartes impulsaba la Ley de Responsabilidad Fiscal en busca de controlar el gasto público, topeando el déficit anual (ingresos menos gastos), el crecimiento del gasto corriente y el despilfarro en elecciones, luego de varios años de excesos y descontrol con los fondos públicos.
Es así que se tuvo una cierta calma por varios años, hasta que llegó el 2019. Las adversidades climáticas, sumadas a un proceso de fuerte desaceleración en los primeros seis meses, empujaron al Fisco a aplicar por primera vez la cláusula de escape. En 2020, el escenario empeoró con la pandemia, cerrando ese año y empezando el presente, con techos históricos de gastos, deuda y déficit.
El proyecto de ley en cuestión, atendiendo esos resultados y considerando también la preocupación manifestada por diversos actores económicos, estableció un plan de convergencia del déficit. En un periodo de 4 años, el déficit debía volver a los niveles prepandémicos, en línea con el tope del 1,5% fijado en la Ley de Responsabilidad Fiscal. Para llegar a esos niveles, la propuesta fija que en ese periodo de 4 años no podrá incrementarse el gasto corriente primario del sector público ni otorgarse aumentos salariales al plantel estatal.
Es evidente que este proyecto no será perfecto, por lo que en su recorrido legislativo puede tener cambios, pero es incomprensible como una propuesta que pretende ser un cerrojo al derroche haya sido cajoneado por los legisladores. ¿Es casualidad que justamente el planteamiento haya sido cajoneado en un año electoral? ¿No les gusta a los legisladores las propuestas que tienen como fin contener el despilfarro?
Pero esta no es la única ley que va por ese camino. La nueva Ley de Compras Públicas, que reemplazará a la desfasada Ley de Contrataciones, ya tiene también casi 4 meses esperando turno en Senado. Con este proyecto, que persigue un ahorro de unos USD 270 millones en el próximo quinquenio, se busca mayor transparencia y control en los procesos licitatorios.
Los legisladores deben entender que no solo el déficit y la deuda alcanzaron techos históricos, sino también el hartazgo ciudadano, por lo que es necesario un cambio radical en la forma tradicional de hacer política. Al fin y al cabo, esto se trata del dinero público, es decir, del bolsillo de todos los ciudadanos.