La Dirección Nacional de Aduanas (DNA) debe enfrentar una demanda de reposición en el cargo ante el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, impulsada por el polémico dirigente cartista Elio Cabral. Este arrastra el antecedente de haber sido echado del ente, en el 2010, por un hecho de corrupción que también fue confirmado entonces por la Justicia.
Cabral había sido impuesto en el cargo a través de una maniobra del ex presidente Horacio Cartes, quien ya casi al culminar su mandato lo nombró primero asesor del Ejecutivo e inmediatamente después lo trasladó a Aduanas, donde fue designado nada menos que como director de Fiscalización, una de las unidades más importantes de la DNA.
Julio Fernández, nuevo titular de Aduanas, lo destituyó nuevamente, en el marco de una serie de cambios internos.
La institución recibió el pasado 16 de octubre el oficio Nº 1.716 de María Celeste Jara Talavera, presidenta del Tribunal de Cuentas en lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala, a fin de que en el plazo de diez días, conforme al artículo 374 del Código Procesal Penal (CPC), “remita a la vista de este Tribunal, copias debidamente foliadas y autenticadas de los antecedentes administrativos relacionados con la resolución impugnada”.
En su demanda, Cabral pide impugnar la resolución 89/18 del 19 de setiembre que lo deja fuera de la institución.
La nombrada presidenta del Tribunal de Cuentas, a través del mismo oficio, también corrió vista de la medida cautelar solicitada por el demandante, a fin de que sea contestada en un plazo de 5 días.
Fernández dijo ayer que Cabral busca volver lo antes posible a la institución como funcionario recurriendo a la Justicia.
ANTECEDENTES. El nombrado demandante arrastra antecedentes oscuros como funcionario de Aduanas.
Su vuelta al ente de la mano de Cartes se concretó pese a que a través de una resolución de la misma entidad, del 12 de marzo de 2010, fue destituido e inhabilitado a ocupar cargos públicos por tres años. Incluso, esta decisión fue ratificada por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en diciembre de 2014.
El ex diputado cartista ocupaba el cargo de director con sede en Ciudad del Este y tuvo esa sanción “por no precautelar los intereses del fisco, entregando dinero (G. 280.800.000) de la institución de forma irregular”.
Con estos antecedentes, Cabral ahora busca, a través de la demanda ante el Tribunal de Cuentas, que sea anulada la resolución de Fernández que lo destituyó, pese a que ocupaba el cargo de confianza en la estratégica unidad de Fiscalización.