A instancias de la Cámara de Senadores, se está promoviendo un anteproyecto de ley que quiere modificar la composición actual del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). Literalmente, la iniciativa busca que los rectores de universidades y los directores de institutos superiores –tanto públicos como privados– dejen de formar parte de ese cuerpo colegiado.
El principal fundamento de los proponentes –Lic. Cristian Zayas Galván y abogado Elvio Cáceres Navarro– es que actualmente el ente rector “actúa con fines corporativos”, porque cada rector y/o director “es juez y parte” a la hora de someter a juicio el estado legal y académico de las instituciones educativas.
Lo que se plantea es que en vez de que los rectores sean “representantes estudiantiles y catedráticos” de cada entidad educativa los que formen parte del Cones, junto a representantes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y “un representante del parlamento universitario o comité universitario”, reza parte del anteproyecto que contempla la modificación de algunos artículos –y la inclusión de otros– de la Ley 4995/13 de Educación Superior.
Entre otras novedades, se prevé que el Cones esté integrado también por un representante de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
La iniciativa se presentó en el despacho del senador Paraguayo Cubas, del movimiento Cruzada Nacional, y está en etapa de ajustes. Se espera que la próxima semana –cuando regrese el legislador de la suspensión por 60 días que pesaba en su contra– tenga entrada en la plenaria del Senado como proyecto de ley.
Por lo demás, la propuesta establece que “los aumentos de las cuotas no podrán darse de forma discrecional y arbitraria” y “en ningún caso podrán pasar del 5% anual”. Esto responde a que no pocas universidades privadas aplican golpes a los bolsillos de los estudiantes, en nombre de la autarquía financiera que les faculta la figura constitucional de la autonomía universitaria. Se prevé –en otro articulado– la obligatoriedad de destinar un porcentaje de cada ajuste en las cuotas para la inversión “en bibliotecas, laboratorios, gimnasios, a modo de que la meta sea la excelencia académica para los estudiantes”.