Acompañados por el diputado Raúl Benítez y el senador Ignacio Iramain, los abogados pidieron que se tomen medidas a fin de desarticular las estructuras “y defender los derechos humanos y patrimoniales de las víctimas de este esquema criminal orquestado desde el propio Poder Judicial”.
La semana pasada, el Ministerio Público presentó imputación contra 63 personas, entre ellos jueces de Paz de los Juzgados de Recoleta, La Encarnación, San Roque y Catedral.
Sin embargo, los profesionales consideraron que, a pesar de que se comprobó “la actuación delictiva de los funcionarios judiciales”, todavía “el sistema de Justicia no ha dictado ninguna medida judicial preventiva” que revoque o suspenda las resoluciones, por la que personas siguen sufriendo descuentos de salarios y embargos judiciales.
Estas sumas de dinero que siguen sacando a las víctimas no corresponden –explicaron los abogados–. “No solo constituyen un robo descarado, sino permiten el enriquecimiento ilícito de personas que forman parte de este esquema criminal”, sostienen.
”La actuación de la Defensoría del Pueblo es obligatoria y urgente”, explicaron; “algo se debe hacer y la Defensoría no puede ni debe permanecer como espectador de lo que se ha descubierto”.
PIDEN ACCIONES. Pidieron al defensor del Pueblo, Rafael Ávila, gestionar solicitudes a varias instituciones, como a la Corte Suprema, para que suspendan los plazos procesales de las causas judiciales por pagarés u otros instrumentos de crédito, así como los embargos dictados en juicios ejecutivos, “hasta que sean revisados cada uno”.
Piden analizar el planteo de medidas “tendientes a anular los juicios ejecutivos”, específicamente, en que se decretó embargos de salarios o bienes.
Y último, que se ordene la auditoría de todos los Juzgados de Paz de la República.
También, pidió a la Defensoría gestionar pedidos al Poder Legislativo, a fin de plantear un proyecto de ley que prohíba los embargos preventivos “cuando la parte demandada se encuentra en estado de indefensión”.
Además, que dé propuestas legislativas que establezcan la obligatoriedad de la notificación y límites estrictos a los aumentos de los montos a pagar por deudores.
Hay otros pedidos de acciones que se solicita que se haga a la Fiscalía, al Banco Central y al Ministerio de la Defensa Pública.
