Se trata del proyecto de ley “Que dispone la obligatoriedad de la conservación de datos de tráfico para combatir la pornografía infantil y hechos punibles conexos”.
Con ello, los sujetos obligados deberán proporcionar informes que determinen o permitan la identificación del protocolo de Internet (IP) del usuario, exigidos por el Ministerio Público, por medio de sus agentes fiscales, vía juzgado competente, que entienden las causas de pornografía infantil y hechos punibles conexos.
En el proyecto se explica que, según las estadísticas y datos proporcionados por el Observatorio Criminológico del Ministerio Público, en el 2018 se registraron 521 denuncias; en el 2019, 960 denuncias; en el 2020, un total de 915 denuncias y en el año 2021 se han procesado 2.796 denuncias de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes. “Un alto porcentaje de estos casos fueron archivados, al no haber posibilidad de identificación de los responsables”, detalla.
Los datos serán almacenados solo para facilitar la localización del equipo terminal empleado por el usuario para la transmisión de la información. “Los proveedores de servicios de acceso de internet y trasmisión de datos deberán almacenar solo aquellos datos imprescindibles para identificar el origen de los datos alojados”, aclara.