En los próximos dos años la economía brasileña enfrentará un difícil contexto internacional marcado por condiciones financieras ajustadas, tasas de interés internacionales elevadas y una fuerte ralentización del crecimiento económico mundial. Sin embargo, este entorno económico complejo y la polarización política interna no han generado mayor incertidumbre ni inestabilidad en variables económicas claves como los flujos de capitales y la cotización del dólar. Las mejoras en la institucionalidad y en la gestión de la política económica son las razones fundamentales detrás de esta normalidad. La independencia ratificada del Banco Central del Brasil que este último año, en pleno proceso electoral donde el presidente Bolsonaro está buscando su reelección, ha incrementado aceleradamente las tasas de interés de política monetaria hasta el 13,75% anual, con lo cual ha transmitido tranquilidad a inversionistas locales e internacionales respecto al rumbo de la política monetaria en cualquier escenario político.
Sin embargo, hay dos frentes de debilidad en la economía brasileña. Por un lado, el elevado déficit en sus finanzas públicas que los economistas del Banco Itaú proyectan en 7,4% del PIB para este año y cerca del 10% del PIB para el próximo. Por otro lado, está el lento crecimiento de la economía. Las proyecciones de crecimiento del PIB son del 2,5% para este año y apenas del 0,5% para el 2023. Así, los desafíos para el nuevo gobierno son recomponer las finanzas públicas hacia una senda sostenible, con un ajuste fiscal; e incrementar el crecimiento económico potencial, lo cual requiere avanzar con reformas para reestructurar la economía, aumentar la inversión y mejorar la productividad.
Ante este escenario, el Gobierno de Bolsonaro ha mostrado un enfoque reformista y viene avanzando gradualmente con algunas, como la reducción del Arancel Externo Común del Mercosur y negociaciones de acuerdos comerciales con otros bloques. Con respecto al Anexo C de Itaipú, su Gobierno tomó una postura dura, buscando la reducción de la tarifa en base al menor costo financiero de la usina, aunque finalmente se llegó a un acuerdo de punto medio en el primer round que fue la negociación de la tarifa para el presente año. Está por verse si se mantiene el mismo criterio para el 2023 y si se consolida en la próxima revisión del Anexo C, además de comercializar los excedentes en el mercado brasileño.
Lula da Silva, en su anterior gobierno, con un entorno internacional muy favorable de boom de commodities y bajas tasas de interés, priorizó una agresiva agenda social manteniendo una macroeconomía ordenada y una política comercial proteccionista, con un Mercosur cerrado y de enfoque regional. En Itaipú, otorgó aumentos importantes de la compensación por cesión de energía a nuestro país y aceptó eliminar la indexación de la deuda de la entidad, reduciendo sustancialmente el costo financiero. Según la consultora brasileña Prospectiva, un nuevo gobierno de Lula mantendría prioridades similares a las de su mandato anterior en términos de política social y externa, aunque limitados por el contexto internacional menos favorable y la debilitada situación de las finanzas públicas. Es probable esperar un Mercosur menos abierto y con un enfoque más regional nuevamente. Con relación a Itaipú, aún no es clara la postura. Veremos si retorna la visión puesta en práctica en su anterior gobierno, de una entidad más enfocada al desarrollo de ambos países, más allá de solo generar energía.
Cualquiera sea el ganador de las elecciones y las prioridades del nuevo gobierno brasileño, seguirán siendo nuestro principal socio comercial y debemos mantener las mejores relaciones con el Brasil. Nuestro enfoque debe centrarse en desarrollar una visión compartida sobre los temas de interés común y alcanzar acuerdos de mutuo beneficio.
