En una entrevista al diario O Globo, Guedes enfatizó que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no ha desistido de su intención de llevar adelante otras reformas, como la administrativa, pero admitió que el Gobierno ha echado el freno por una cuestión de “tiempo políticos”.
“Va a haber reforma administrativa. Solo que, en este momento, usted da pretexto para que otros monten jaleo. Cuando colocas cuatro reformas, al menos una comienza a hacer ruido”, señaló el titular de Economía.
Guedes aseguró que, pese a que por el momento no ha habido ninguna gran manifestación contra la política económica del Gobierno, “hay gente llamando” para ir a las calles.
PROTESTA CHILENA. ”Llamar para una manifestación con orden, pacífica, como las que hacen casi todos los fines de semana, sin problema. Ahora, llamar para ir a la calle para hacer lo mismo que en Chile y romperlo todo fue algo insano, una irresponsabilidad”, subrayó el ministro.
El economista defendió la implementación de las reformas de corte liberal para “retomar el camino del crecimiento sostenible” y reducir así el riesgo de que “suceda lo que sucedió en Argentina”, pero recalcó la necesidad de evaluar el “proceso político” de las mismas. Vaticinó un crecimiento escalonado de la economía brasileña hasta llegar a 4% en 2022 si las reformas son impulsadas agresivamente.
“Nosotros estábamos en el camino y ahí, de repente, comienza la confusión en Latinoamérica. Desorden, ahí el tiempo político comienza a cambiar”, señaló.
El Gobierno aprobó este año la polémica reforma del sistema de pensiones, la cual aumenta la edad mínima de jubilación para hombres y mujeres, y estudia, entre otras, una reforma de la administración y otra tributaria.
Sobre el proyecto de privatizaciones, admitió que está siendo más difícil que lo previsto, pero señaló que hasta ahora alcanzó los 100.000 millones de reales (USD 23.810 millones).
Guedes señaló que el Gobierno intentará “vender todo” para reequilibrar las maltrechas cuentas públicas del país y señaló que está siendo estudiado un proyecto de privatización que podría otorgar 250.000 millones de reales (cerca de 60.000 millones de dólares) a los cofres del Estado, aunque evitó dar detalles del mismo.
