EFE
SAO PAULO
A siete días de la entrada en vigor del arancel adicional del 50%, el Gobierno de Brasil intenta contra reloj abrir canales de diálogo con la administración de Donald Trump, que “no quiere hablar” en su afán de defender al ex presidente Jair Bolsonaro del juicio por golpismo.
El vicepresidente y ministro de Comercio brasileño, Geraldo Alckmin, informó que mantuvo una conversación “reservada” de 50 minutos con su par de Estados Unidos, Howard Lutnick, en la que le reiteró la disposición de su país de negociar.
Ese ha sido, por el momento, el primer y único contacto de alto nivel conocido entre ambos países desde que, el pasado 9 de julio, Trump anunció tarifas aduaneras adicionales del 50 % sobre los productos brasileños a partir del 1 de agosto.
Alckmin le propuso más comercio e inversiones, pero el ‘tarifazo’ no solo depende de números, que en el caso de la balanza comercial bilateral es ampliamente favorable a EEUU, sino también de asuntos políticos y judiciales.
En un nuevo esfuerzo por desbloquear el diálogo, una comitiva de senadores brasileños ha viajado a EEUU para intentar desbloquear las negociaciones. Entre el lunes y el miércoles próximos la delegación se reunirá con parlamentarios y empresarios de la potencia norteamericana con la intención de “construir puentes”.
Mientras, el Gobierno de Lula multiplica sus reuniones con el sector productivo y ultima diversos “planes de contingencia”, en caso de que entre en vigor el arancel.
En los últimos diez días, el Ejecutivo mantuvo una veintena de encuentros con cerca de 200 representantes del sector privado, incluyendo los de las actividades que se verían más afectadas, como la agropecuaria, la aeronáutica, la farmacéutica y la maderera.
Según la Confederación Nacional de la Industria (CNI), el “tarifazo” reducirá en 0,16% el PIB brasileño y destruirá 110.000 empleos en el país.
Al justificar el arancel, Trump dijo que Bolsonaro es víctima de una “caza de brujas” y exigió el cese “inmediato” del juicio que enfrenta por liderar un complot golpista para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022 ante el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.
La Fiscalía sostiene que el líder ultraderechista fue “el principal articulador” de la trama que intentó por medios violentos impedir la investidura de Lula. El juicio oral está previsto para septiembre u octubre.
Lula se ha mostrado dispuesto a negociar sobre la relación comercial, pero tachó de “chantaje inaceptable” la intromisión en el juicio contra su principal adversario político. Aseguró además que Trump “no quiere hablar”. Y es que los canales oficiales con la Casa Blanca están cerrados.
