Este beneficio había sido suspendido durante la pandemia debido a las restricciones presupuestarias. Si bien estas restricciones no desaparecieron, sino que, por el contrario, están cada vez peor, la principal autoridad en la materia habilitó nuevamente la posibilidad de hacer efectivo.
Desde el Ministerio de Hacienda se había señalado que el Presupuesto actual sería austero y lo demostró cuando señaló que para financiar medicamentos oncológicos en el Ministerio de Salud habría que sacrificar otros programas de salud. Esta solución solo se dio luego de una marcha realizada por enfermos que desde hace meses no cuentan con medicamentos ni insumos para enfrentar la enfermedad.
La prensa informó que con la medida aprobada, los funcionarios podrán percibir hasta G. 2.550.307 por cada uno de los diferentes tipos de beneficios, entre los que se encuentran asignación familiar, subvención por nacimiento, subvención por defunción, ayuda escolar, ayuda alimenticia y gastos médicos extraordinarios. Así, el personal público podría llegar a recibir sobresueldos por un total de G. 12.751.535 si las entidades autorizan el pago de los cinco tipos de asistencia.
Estas bonificaciones enfrentan una serie de críticas que deben ser consideradas en un eventual proceso de profesionalización de la carrera del servicio civil. En primer lugar, no están vinculadas a los resultados de la gestión, por lo tanto, no contribuyen a generar un sistema de incentivos que apoye el proceso de presupuesto por resultados que el mismo Ministerio de Hacienda está tratando de impulsar.
El Ministerio no es consecuente con su propia política y tiene discursos sesgados. La austeridad que plantea se dirige a la ciudadanía, valiéndose de que no está organizada o que no tiene mecanismos de presión. La situación empeora en un contexto de vulnerabilidad como el que enfrentan las personas enfermas, en situación de pobreza, la niñez u otros grupos, cuyas demandas no se incorporan en la agenda pública ni en el presupuesto.
En segundo lugar, estas bonificaciones no son distribuidas a todos los funcionarios públicos, ya que en general están asignadas a ciertos sectores que con su presión logran presupuestar. De esta manera, no solo hay una brecha entre sector público y el resto de la población, sino también al interior del funcionariado público.
En tercer lugar, dado el deterioro de los servicios públicos, tanto por el lado de la calidad como el aumento de los costos, estos beneficios generan un tremendo malestar en la ciudadanía que cotidianamente sufre no solo una gestión ineficiente, sino también maltratos y desidia.
En parte, esta situación deviene de la partidización del sector público. Alrededor del 80% de los funcionarios pertenecen a un partido político y muchos han ingresado por la vía del prebendarismo; por lo tanto, su salario no depende de su compromiso con una gestión responsable y a favor de la ciudadanía, sino del político que le consiguió el cargo.
En este contexto, aunque estas bonificaciones sean merecidas por algunos, no cuentan con legitimidad por parte de quienes contribuyen con sus impuestos a su financiamiento, generando un ambiente propicio para la conflictividad social y la deslegitimidad del Estado.
En estas condiciones difícilmente podamos transitar hacia un crecimiento económico sostenido y el fortalecimiento de la democracia y de la gobernabilidad, ya que a la mala calidad de vida se agregan estos hechos que dan señales de la existencia de ciudadanos de primera y segunda categoría. Unos tienen privilegios, mientras que otros los pagan con su esfuerzo.
La política fiscal es el principal instrumento que tiene el Estado para cumplir con sus objetivos de bienestar y redistribución. El incumplimiento de estos objetivos no solo es un problema económico, sino fundamentalmente político y ético por las consecuencias que acarrea.
