El presidente de Bolivia, Evo Morales, y el del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Pastor Mamani, asistieron en la ciudad de Sucre (sureste) a un acto para poner en vigencia los códigos de Familia, de Proceso Familiar y Procedimiento Civil, conocidos como “Códigos Morales”, al ser aprobados bajo la gestión del mandatario.
Entre las novedades, el Código de Familia reemplaza el concubinato, que implicaba una demostración de convivencia de dos años, por la unión libre o el matrimonio de hecho entre varón y mujer sin necesidad de una notificación ante un juez.
Establece, además, que ahora se puede elegir el orden de los apellidos de los hijos y ya no prima el del padre, como parte de una visión de “despatriarcalización” en la Justicia, indicó Mamani.
Asimismo, facilita el divorcio sin una mediación judicial si existe un acuerdo mutuo sobre la afectación al proyecto de vida en común.
La norma familiar también ordena la asistencia a los hijos hasta los 25 años para garantizar que concluyan sus estudios superiores para poder sobrevivir y que la afiliación se realizará en el vientre en los casos en los que un progenitor niegue la paternidad.
En estos casos, el supuesto padre debe pagar los estudios de ADN para confirmar o negar su relación con el bebé.
En el Código Procesal Civil se introduce la figura de la conciliación para solucionar de forma inmediata las controversias, se establecen los juicios orales para eliminar todos las actuaciones dilatorias en los procedimientos, que alargan los procesos.
“Celebramos la entrada en vigencia plena de las nuevas leyes, denominadas también Códigos Morales, que se precian no solo de ser promulgadas en un gobierno democrático, sino que también fueron hechas en Bolivia, por bolivianos”, sostuvo el presidente del TSJ.
En su discurso, Morales destacó la puesta en vigor de esta normas y ratificó que en abril se celebrará una “Cumbre Judicial” entre las instituciones más importantes del país, para buscar soluciones a la severa crisis que vive ese órgano en los últimos años.
La Justicia boliviana ha afrontado varias veces denuncias de corrupción, a lo que se suma el colapso del sistema, que provoca largas demoras en la resolución de los casos.
Según Mamani, la crisis se explica también porque hoy se cuenta con mil jueces para una población de diez millones de habitantes, lo que impide responder a la demanda de justicia, y porque hay un “escaso presupuesto” para las operaciones del órgano judicial.
