La autoridad confirmó a los medios el veto contra Camce durante una rueda de prensa ofrecida poco antes de emitir su voto en el referendo constitucional que definirá si el presidente Evo Morales y el mismo vicepresidente pueden volver a ser candidatos en el 2019.
La exclusión es consecuencia de la decisión del Gobierno de multar a Camce por incumplir un contrato y se anuncia en medio del escándalo suscitado por una denuncia de supuesto tráfico de influencias hacia una expareja de Morales que trabaja en esa compañía.
La empresa china consiguió siete contratos en Bolivia por 566 millones de dólares, la mayoría por invitaciones directas.
La gerente comercial de Camce en Bolivia es Gabriela Zapata, quien fue pareja del presidente Morales, con quien tuvo un hijo en 2007 que falleció poco después, según ha reconocido el mandatario.
Tanto Morales como Zapata han negado las acusaciones de tráfico de influencias.
No obstante, el mandatario ha pedido que los contratos de Camce sean investigados por la Contraloría General del Estado, a cargo de un exdiputado del oficialismo, y por el Parlamento, donde se ha creado una comisión mixta formada por oficialistas y opositores.
García Linera volvió a cuestionar hoy que se hable de tráfico de influencias a la vista de la decisión del Estado de multar a Camce con la ejecución de unas garantías bancarias, con el aval de una resolución tomada en tiempo récord por el Tribunal Constitucional.
"¿Qué tráfico de influencias? Cuando uno está ejecutando 23 millones de dólares a la empresa Camce y no solamente la ejecución (...), sino también la prohibición a la empresa Camce de participar en los contratos de los 7.000 millones del crédito chino”, sostuvo.
Con esos fondos se construirán carreteras entre el norte de La Paz y las regiones de Pando, Beni y Santa Cruz, que “son contratos muy grandes en los que la empresa Camce está prohibida de actuar”, agregó.
