El ex senador Víctor Bogado y la coprocesada Gabriela Quintana plantearon una aclaratoria del fallo de la Corte que confirmó sus penas y, a la vez, pidieron anular el fallo.
Además, el ex legislador recusó a los ministros Manuel Ramírez Candia, Miryam Peña y al camarista Gustavo Santander por falta de independencia y parcialidad.
Tanto Quintana como Bogado plantean la aclaratoria contra la resolución que declaró inadmisibles los recursos extraordinarios de casación en contra de las resoluciones de segunda y primera instancia.
Bogado había sido condenado a un año de cárcel, y Quintana, a un año y medio de prisión, aunque ambas condenas fueron suspendidas a prueba por el Tribunal de Sentencia.
En su argumentación, Bogado sostiene que la integración de Santander fue irregular, ya que la ministra Carolina Llanes ya fue electa para la Corte, por lo que el mismo debía apartarse.
Con ello, dice que al resolver la casación junto con Ramírez Candia y Peña, la resolución es nula. Por eso, pide su nulidad.
Además, también dice que la causa ya estaba prescripta y, a la vez, extinta. Esto, porque, según dice, la causa prescribió el 13 de octubre, con lo que la resolución del 15 de octubre es posterior. Dice que el expediente se extinguió por haber pasado el plazo de cinco años sin que tuviera una sentencia firme.
Sostienen que el fallo no está fundado. Es decir, no tiene argumentos que lo sostienen. Dice que ni siquiera le dio trámite como correr traslado al Ministerio Público.
recusación. Con respecto a la recusación, dice que los ministros y el camarista carecen de independencia y son parciales, por lo que pide se aparten.
Ahora la Corte deberá primero resolver la recusación y posteriormente la aclaratoria. No obstante, según la ley, con la sentencia de la Sala Penal, el fallo queda firme.
La prescripción del hecho se producirá el 24 de octubre próximo.
La pena a Víctor Bogado fue suspendida por dos años, con el pago de G. 480 millones, distribuidos en 10 instituciones de beneficencia.
Igualmente, la condena a Gabriela Quintana dice que deberá devolver unos G. 76 millones a la Itaipú y pagar G. 24 millones en dos años.
