El Banco Nacional de Fomento (BNF) continúa con una investigación interna tras el cobro irregular por parte de gestores de cheques destinados a indemnizar a familiares de funcionarios de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) que murieron durante un servicio.
El presidente de la institución, Manuel Ochipinti, adelantó que al terminar la auditoría podrían llevar el caso a la Justicia. “Nosotros seguiremos la investigación, si es que amerita llevar a lo penal, a la par de la Fiscalía, también lo haremos”, expresó en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
Ochipinti indicó que si las familias afectadas no llegaban a un acuerdo extrajudicial, la banca estatal tenía que asumir con los gastos, por lo que se debe determinar la actuación de los funcionarios de la entidad. “Hay que atacar con todo este tipo de actitudes. Nosotros vamos a llegar hasta el final”, resaltó.
🔴 "Es categórico, el cheque no debió haberse pagado", reitera el titular del BNF
— Monumental AM 1080 (@AM_1080) October 9, 2024
👉🏼 De manera clara y contundente, el presidente del Banco Nacional de Fomento, Manuel Ochipinti, manifestó que no se debió realizar el pago porque el cheque es intransferible el documento no estaba… pic.twitter.com/pUqoHdAWPu
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El funcionario manifestó que no se debió realizar el pago porque los cheques eran intransferibles y el documento no estaba inscrito en el Registro Público. “La falla de los funcionarios es que el documento no estaba registrado en el Registro, por lo tanto no tenía validez”, expresó.
Rol no compatible
Por su parte, la abogada Cecilia Pérez se refirió a la actuación de Anadelia Acosta Armoa, funcionaria del Congreso que fungió de gestora para que las familias afectadas puedan acceder a la indemnización.
Sostuvo que la actuación de la funcionaria debe ser investigada ante la sospecha de que usó su rol de funcionaria pública para ser intermediaria y ayudar a las personas afectadas.
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Afirmó que no es compatible su rol de servidora pública y la función de intermediaria entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y los afectados. “No puede ser gestora y aprovechar su rol público”, criticó la abogada.
Indemmización
El pasado 14 de agosto, las familias de las víctimas solicitaron a la ANDE un resarcimiento económico por la pérdida de sus seres queridos, al considerar que la empresa estatal tuvo su grado de responsabilidad en el accidente.
Calixto Acosta Contrera, hermano de Antonio Acosta Contrera; y Juana Honorina Casco de Ramírez, quien fuera madre de Marino Ramírez, pidieron G. 400 millones para cada parte en concepto de indemnización.
Una vez que la ANDE corroboró su responsabilidad, tras el análisis de los informes técnicos, la estatal emitió los cheques con la inscripción no transferibles, por G. 400 millones cada uno.
El abogado Darío Aquiles Flores Mendoza fue el responsable de efectivizar el dinero. De acuerdo con el informe entregado por el Banco Nacional de Fomento, la operación no debió realizarse atendiendo a que las documentaciones poseían la inscripción de no transferibles.
La fiscala Norma Salinas, que investiga el hecho, imputó a Anadelia Acosta Armoa, a su pareja Ovidio Ramón Oviedo, al abogado Darío Flores y a Juan Ramón Acosta (padre de Anadelia) por apropiación, estafa y lesión de confianza.
