De acuerdo con la decisión judicial, la recaudación estatal se destinará íntegramente a saldar la deuda lo que supone, en la práctica, que no podrá hacer ningún pago hasta que liquide el saldo pendiente.
La decisión cayó como un jarro de agua fría sobre el gobernador del estado, Luiz Fernando Pezao, que adelantó que viajará a Brasilia para negociar con el Gobierno de Michel Temer y reclamó al Ejecutivo la liquidación del préstamo de cerca de 3.000 millones de reales (unos 900 millones de dólares) comprometido para el pago de la seguridad durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se celebraron en la ciudad de Río los pasados agosto y septiembre.
Pezao anunció el viernes un paquete de medidas de ajuste con el objetivo de ahorrar unos 8.000 millones de dólares que se traducirá en recortes en asuntos sociales y en cultura, una subida de impuestos para jubilados y pensionistas y un aumento en la tarifa del transporte público.
No es la primera vez que el estado de Río tiene sus cuentas bloqueadas por el impago de deudas.
En junio, cuando se declaró en “calamidad pública”, el Estado brasileño bloqueó sus cuentas por una deuda con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Justicia ordenó también bloquearlas después para asegurar el pago de los salarios de los funcionarios y los compromisos sociales.
