El Boletín Oficial del Estado publica hoy la orden del Gobierno que modifica el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE) para incluir al lobo ibérico (Canis lupus).
Con esa norma en vigor, desde mañana cazar un lobo en cualquier punto de España será un delito castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años o multa de 8 a 24 meses.
Las organizaciones conservacionistas han acogido la medida con satisfacción, ya que supone “un paso importantísimo para el equilibrio de nuestros ecosistemas” tal y como lo describen desde WWF España, aunque insisten en que “llega tras años de denuncias, estudios, manifestaciones, informes y procesos judiciales”, según recuerdan desde Ecologistas en Acción.
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La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) cree que supone “reparar un error histórico”, al ser el lobo “la única especie de carnívoro terrestre de España no protegida hasta ahora”, como el oso pardo y el lince ibérico.
Enfrente están agricultores, ganaderos, cazadores, el opositor Partido Popular y representantes políticos de las regiones de Castilla y León, Asturias, Cantabria y Galicia, las más afectadas por el nuevo estatus del lobo ibérico, que tildan la decisión de “puñalada”, “frustrante” e “indignante” y temen por el futuro del mundo rural.
Los responsables de medioambiente de esas cuatro comunidades autónomas ya han anunciado que irán a los tribunales para frenar la entrada en vigor de una orden “sin rigor científico”.
Las principales organizaciones que agrupan a agricultores y ganaderos, como Asaja, COAG y UPA, han acusado al Gobierno de “condenar a la extinción a la ganadería” con una medida “urbanista e irresponsable, que causará dolor y pérdidas económicas en el medio rural”, impulsada “con prepotencia” por una decisión “tendenciosa e ideológica basada en la falsedad de que el lobo está amenazado en España”.
