La semana pasada, la mayoría coyuntural en el Senado que permitió la reelección de Óscar Cachito Salomón como titular del Congreso, concretó el blanqueo de Javier Zacarías Irún, Rodolfo Friedmann y Sixto Pereira. De entre estos, el más cuestionado es el poderoso político esteño, quien encabeza el clan que está empotrado en Alto Paraná hace más de dos décadas.
La abogada Aidé Vera, del grupo Ciudadanos Autoconvocadas Comisión Escrache (CACE), lamenta que hayan salvado una vez más a Zacarías, quien incluso enfrentó –y aún enfrenta– varios procesos judiciales sin pena alguna. “(El blanqueo a Zacarías) es una aberración, una bofetada más al pueblo paraguayo”, fustigó Vera.
No obstante, reconoció que el pacto para salvar a Zacarías se concretó como una manera de oposición al ex presidente Horacio Cartes. “Considero que ellos pretenden no dar ventaja a Honor Colorado eliminando escaños que en el futuro serían reemplazados por nuevos afines a HC. En el afán del Senado, llámese oficialismo, por evitar que Horacio Cartes logre apoderarse del último organismo de poder que aún no ha caído totalmente en su posesión, estos olvidaron oír la voz y la voluntad de sus verdaderos mandantes, que somos el pueblo, quienes en este momento nos sentimos decepcionados y sin representación en lo más mínimo”, lamentó.
Vera agregó que finalmente es un acuerdo de impunidad que “daña la República” y también favorece al Ejecutivo. Subrayó que no solamente el Senado blinda a Zacarías Irún sino también la justicia, con sonados casos de blanqueo que lo favorecen y trabajos ineficaces desde el Ministerio Público.
La activista de CACE expresó que la ciudadanía debe unirse a las convocatorias y marchas para combatir la impunidad y la corrupción. “Las manifestaciones y escraches, si son multitudinarios, causan impacto, y si un político no sabe medir la ‘temperatura’ del grado de indignación del pueblo, pues está condenando a ir a la llanura, como ha pasado con muchos políticos, que hoy son escombros, fueron denunciados y expuestos públicamente”, aseveró.
Sobre los demás salvados, Rodolfo Friedmann y Sixto Pereira, Vera opinó que el hecho que involucra al primero es de público conocimiento, pues “posee patrimonio y un estilo de vida que con sus ingresos del Senado no podría justificar”, mientras que en el caso de Pereira parece más bien una represalia por “rivalidades políticas e ideológicas”.
Contra manifestantes. La jurista cuestionó la actuación de la Fiscalía y la Justicia con quienes se manifiestan contra la impunidad y la corrupción, imputando a los “rebeldes”. Tal es el caso que enfrentan por ejemplo María Esther Roa y Juan Galeano Grassi, quienes reclamaron la ineptitud del Gobierno, especialmente en pandemia. “La fiscalía y los jueces actúan para una verdadera claque corrupta. Se alían al sector político, quienes tienen más poder, y obviamente buscando alguna contraprestación, beneficios, estabilidad y ascenso en sus cargos o hasta inmunidad judicial y blindaje en sus cargos”, indicó Vera.
Añadió que esta situación implica a casi todas las agrupaciones pues “cualquier manifestación, indignación, o cuestionamiento a sus fallos o acciones, son percibidos por ellos como una amenaza a su posicionamiento cómodo y a su privilegiado modo de vivir”.
“La Fiscalía tiene posturas distintas hacia los manifestantes, imputan a los que exigen actuación del Ministerio Público en las investigaciones por corrupción pública, y al cese de la corrupción e impunidad. El ciudadano es pasible hasta de privación de su libertad, porque tenemos una Fiscalía y un Poder Judicial servil a los intereses de los políticos corruptos”, sostuvo Aidé Vera.
Igualmente, se refirió al caso que hoy tiene en la mira al gobernador de Central, el cartista Hugo Javier González, otro ejemplo de impunidad y protección política, pues con el voto de un concejal departamental liberal y 10 colorados archivaron la semana pasada el pedido de intervención de la Gobernación que se hizo a raíz del presunto despilfarro de dinero público.
“El caso del gobernador de Central lo veíamos venir, pues ha accedido a ocupar el cargo a través de la estructura del partido colorado y pertenece a la línea cartista. Este impresentable es un inepto, venido a Gobernador simplemente por el favor de los líderes que lo ponen como candidato, creo que aceptar un cargo para el cual uno no está preparado ya es el primer acto de corrupción. Lo que ocurre ahora, lo viene a confirmar nada más”, afirmó la integrante de CACE.
Señaló que desde su organización están controlando los procesos penales por corrupción pública, atentos al juicio oral y público del ex senador Óscar González Daher, “observando el actuar del Ministerio Público y del Tribunal que con este juicio oral se está inaugurando este tribunal especializado”.
Alentó una vez más a la ciudadanía a acompañar las convocatorias contra la corrupción del Gobierno. “Con los escraches hemos tenido grandes logros”, puntualizó.
Olvidaron oír la voz y la voluntad de sus mandantes, que somos el pueblo, quienes nos sentimos decepcionados.
Aidé Vera, dirigente CACE.
