Política

Bicameral presume lesión de confianza en las licitaciones

 

La Comisión Bicameral de Control del uso de los USD 1.600 millones para la crisis contra la pandemia remitió a la Fiscalía General del Estado los antecedentes sobre las licitaciones en Salud.

La presentación lleva la firma del titular de la Bicameral, Amado Florentín, y su colega Stephan Rasmussen.

Los miembros consideran que amerita una investigación y presumen que se podría tratar de lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso.

Como parte de las pruebas, entregaron copia del informe de fiscalización especial inmediata de la Contraloría sobre el proceso por vía de excepción para la adquisición urgente de insumos y camas para el Covid-19.

También un archivo de video de una entrevista realizada en el programa La Lupa al funcionario Pedro Adrián Santander, en un pendrive.

Se agrega la desgrabación de la reunión de la Bicameral del lunes pasado, en la que estuvo presente el contralor Camilo Benítez, dando los detalles del informe sobre el Ministerio de Salud.

En la nota remitida a la Fiscalía, los senadores refieren la obligación de los funcionarios públicos de denunciar ante la posibilidad de que los actos relatados constituyan un hecho punible.

Refieren que las circunstancias que constan en el informe de la Contraloría no podrían darse sin mediar la conducta de los funcionarios y autoridades que llevaron adelante el proceso e influyeron en el resultado.

Además de la probabilidad de que se trate de lesión de confianza y producción de documentos de contenido falso, consideran que se pueden configurar otros tipos penales que resulten de una profunda investigación.

“Esta Comisión Bicameral, en su reunión de fecha 25 de mayo del año en curso, resolvió remitir estos antecedentes a la Fiscalía General del Estado, en el entendimiento que ameritan una investigación por parte de dicha institución”, alegan.

A criterio de los senadores que integran la Bicameral, la intención fue simplemente instrumentalizar un procedimiento para obtener un beneficio indebido, aprovechando el contexto de crisis sanitaria para eludir el control, con relación a las cuestionadas licitaciones.

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