Tras el revuelo que originaron las declaraciones del Dr. Pedro Halley, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, referente a que alrededor de 5.000 empresas habrían violado la ley laboral, obligando a sus empleados a trabajar a pesar de que contaban con suspensiones de trabajo y cobraban un subsidio de la previsional, el presidente de este ente, Dr. Vicente Mario Bataglia, tuvo que salir a dar la cara ante los empresarios, que solicitaron una explicación frente a semejante denuncia.
Es así que ayer, en horas de la siesta, se realizó una reunión virtual, a instancias de la titular del Ministerio de Trabajo, Carla Bacigalupo, de la que participaron varios empresarios, cabezas de gremios, como Oliver Gayet, de Arpy; Luis Tavella, de la Federación de Mipymes del Paraguay; Carlos Jorge Biedermann, presidente de la CAP; el presidente del Consejo de Administración del IPS, Vicente Bataglia; y el viceministro del Trabajo, Luis Orué.
Bataglia se disculpó por los dichos de Halley y señaló que el alto funcionario de la previsional hizo esas declaraciones a los medios a título personal, aunque para salirse del aprieto, prometió a los empresarios que investigarían a las empresas, en base a un muestreo, ya que no pueden fiscalizar a las 6.000 de manera personal, para comprobar si algunas están en falta.
Al respecto, Tavella concluyó que el sector empresarial veían difícil que puedan fiscalizar a las empresas, pues por lo que sabe IPS solo cuenta con alrededor de 20 fiscalizadores, cantidad con la que se hace imposible llegar a todas las firmas señaladas.
“Les dije que debían tener más cuidado cuando hacen este tipo de acusaciones, sobre todo, de una manera afirmativa, acusando a 6.000 empresas del sector formal, que es el que está haciendo el mayor sacrificio todos los días ante esta pandemia. Y hacer esas acusaciones alegremente, nos deja muy mal parados ante la sociedad”, expresó.
Tavella reiteró que Bataglia se disculpó y se excusó de que no estaba enterado de las declaraciones de Halley y aseveró que primeramente debieron tomar las denuncias anónimas de los trabajadores, realizar las verificaciones en las empresas, iniciar los sumarios y cuando haya algún resultado informar a la prensa.
“La denuncia tiene que ser seria porque no pueden primero acusar y después empezar a investigar a las empresas”, alegó Tavella.
El titular del IPS se reunió ayer con los dirigentes de gremios empresariales, a quienes afirmó que investigaría a las empresas que supuestamente obligan a trabajar a empleados suspendidos.
Piden usar fondos del Senepa
Durante la reunión virtual, los empresarios también se refirieron al pago del subsidio a los trabajadores suspendidos, que llegan a 26.491 al mes de abril y que podría aumentar en unos 15.000 a 20.000 más, según las estimaciones de las autoridades. Esto preocupa al sector empresarial, de que la previsional se quede sin fondos para seguir abonando este beneficio, por lo que propusieron al titular de la previsional, Vicente Mario Bataglia, que se presente una ley ante el Parlamento para que el porcentaje del 1,5% que se descuenta del aporte patronal y se destina al Senepa sea redireccionado al IPS para aumentar el fondo remanente de USD 20 millones con que cuenta el ente, para seguir abonando el subsidio a los trabajadores suspendidos.
