En julio del año pasado, la crisis se acentúo con la polémica denuncia de presunta negligencia médica en el caso de la amputación errónea a Ramón Samudio (78). La imagen del servicio social se devaluó y solo hizo cambios en las direcciones del Hospital Central.
Pese a la interpelación, que constó de 44 preguntas y una maratónica sesión de 7 horas, no hubo una declaración oficial de los Diputados con relación al voto censura. También tuvo a cuestas el pedido de renuncia de la Cámara de Senadores. Pero no tuvo un impacto para que renuncie al cargo.
En medio de la crisis en el sistema de salud se multiplicaron los casos de denuncias por el desabastecimiento de medicamentos e insumos, incluso de un sistema colapsado del call center que no es accesible para los agendamientos, entre otros reclamos sobre el servicio médico.
Bataglia que está al frente del principal seguro de los trabajadores del país desde el 11 de marzo del 2021 –hace dos años– solo acumula denuncias en contra de su gestión. A este panorama se suman las constantes denuncias de supuestos negociados en las licitaciones públicas. El año pasado, el IPS adjudicó a 6 empresas la tercerización del servicio de limpieza por un valor de más de G. 72 mil millones, cuya licitación fue señalada como un supuesto negociado.
No solo Bataglia se aferra al cargo, sino que también los cinco consejeros cuyos salarios netos rondan entre G. 30 a G. 35 millones, cuyas cifras representan 13 salarios mínimos legales vigentes (G. 2.289.324).
En su mayoría, los representantes tienen vínculos con sectores partidarios. El IPS se convirtió en los últimos años en el botín político del gobierno de turno que incide en que los viejos vicios se eternicen en el sistema de salud.
