El ex procurador de la República Francisco Barriocanal aseguró que todas las consultas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la demanda de Juan Arrom y Anuncio Martí por tortura fueron respondidas.
“Todas las comunicaciones se hacían vía Cancillería. Por lo tanto, cada notificación y cada respuesta se procesaba a través de la vía diplomática. Procuraduría se encargaba de producir respuestas y sugerir posiciones a la Dirección de Derechos Humanos y el canciller ejecutaba”, expresó.
Barriocanal indicó que el Estado no podía responder con celeridad porque el documento de la CIDH constaba de 600 páginas.
“La Comisión recibió unos 600 documentos del caso, puso a consideración de las partes y notificó al Estado el 16 de junio que tenía un mes para hacer observaciones. Como eran muchos documentos –mayormente recortes periodísticos– Cancillería pidió una prórroga”, señaló.
Según el ex procurador, quien asumió en octubre del 2017, la Comisión, en lugar de expedirse sobre el pedido de prórroga, directamente emitió su informe de fondo.
“Quien dejó en indefensión al Estado no fue el canciller, ni el entonces procurador ni el ex presidente, sino la propia Comisión”, concluyó.