Un informe especial publicado ayer por este diario ha revelado que las más de 1.000 familias reubicadas en el complejo se encuentran actualmente libradas a su suerte, con falta de servicios de transporte público, sin fuentes de trabajo, con graves problemas de inseguridad ciudadana por constantes asaltos y robos, y con guarderías cerradas por cortes de presupuestos, además de otros proyectos prometidos que no llegaron a cumplir, como la instalación de una planta recicladora que debía dar empleo a los moradores, que fue construida pero no entró en funcionamiento.
El reportaje de Última Hora detalló que las unidades de transporte público que pasan por el sector operan solamente hasta las 21.00 y los domingos y feriados prácticamente no existen, por lo que los habitantes que estudian en universidades y centros de enseñanza en horario nocturno deben caminar largas distancias, por calles inseguras que por lo general están dominadas por adictos o asaltantes y que incluso cometen robos domiciliarios, lo que a muchos llevó a enrejar sus viviendas para protegerse.
Debido a que el aporte que daba Itaipú a la organización Plan Internacional se cortó, la guardería del barrio se tuvo que cerrar, dejando a muchas madres sin posibilidades de dejar a sus hijos para salir a trabajar. También la escuela básica que funciona en el sitio se habría quedado sin servicios importantes, como la conexión a internet para las computadoras utilizadas en las aulas.
El panorama descrito muestra el gran contraste entre lo que fue la presentación del proyecto y lo que es hoy en realidad. En su momento, el anterior presidente, Horacio Cartes, y la ministra de lo que es hoy el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Soledad Núñez, habían presentado al barrio San Francisco como un modelo que solucionaría los graves problemas de la ocupación de tierras inundables, apuntando a viviendas dignas con todos los servicios garantizados.
Algunas interpretaciones apuntan a que las actuales autoridades han abandonado de propósito al barrio San Francisco, porque es un proyecto muy identificado con el gobierno anterior. De ser así, sería un grave error no tener en cuenta que los programas son del Estado y no de un sector político determinado, y deben merecer una continuidad institucional. Otras apuntan a que es claramente un proyecto de deficiencia de gestión, de no darles importancia a las necesidades de los más pobres.
Se refuerza la apreciación de que este tipo de emprendimientos se presentan con mucha inversión y ruido mediático con fines principalmente electorales, pero luego son dejados a su suerte. Las actuales autoridades deben intervenir de mejor manera y solucionar los reclamos de los pobladores. De lo contrario, otros proyectos similares provocarán desconfianza y ya no serán creíbles.