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Banco y Bahía: Al menos 10 años se tardaría en recuperar espacios

Astilleros, calderas y amarraderos son industrias que deben abandonar el área ante el nuevo plan de manejo, pero proceso llevaría tiempo. Ocupaciones y depósito de basura también alteran ecosistema.

El Banco San Miguel y la Bahía de Asunción, donde se refugian las aves migratorias, existen humedales y acuden turistas, en ciertos tramos, para contemplar la biodiversidad, fueron declarados como áreas silvestres protegidas, con la categoría de manejo Reserva Ecológica en el año 2005. Pero el plan de manejo que debía presentarse en cerca de 180 días demoró 17 años.

Mientras tanto, avanzaron las degradaciones por la actividad industrial, ocupaciones informales y rellenos del territorio inundable con escombros y basuras.

La doctora Carolina Álvarez, técnica de la Dirección de Gestión Ambiental de la Comuna, comentó que el plan de manejo ya vigente establece programas de acción y tiene una calendarización por priorización. Como la zonificación de actividades permitidas y no permitidas y los trabajos sociales con los pobladores del lugar. Una vez que se tenga afianzada y fortalecida la reserva, señaló, que se deben realizar planes de turismo y educación e interpretación ambiental del área protegida.

INCOMPATIBLES. Las industrias –como calderas, astilleros, amarraderos– no son consideradas actividades permitidas dentro del área protegida. Tendrán que presentar planes de retiro y de recuperación del territorio ocupado.

Mala disposición. El área de reserva es utilizada como depósito de todo tipo de basura..jpg
Mala disposición. El área de reserva es utilizada como depósito de todo tipo de basura.

Mala disposición. El área de reserva es utilizada como depósito de todo tipo de basura.

“Los planes de abandono, de acuerdo con el grado de intervención que tengan, son de 5 y 10 años, como plazo máximo”, detalló. En total serían cerca de siete industrias, además de depósitos.

PERMISOS. En el 2021, la Intendencia –con apoyo de la mayoría de concejales– aprobó que la empresa Astilleros Rasi SRL siga en la reserva. Álvarez detalló que de hecho fueron ocupantes ilegales muchos años y lo que se hizo fue una formalización para aplicar medidas de mitigación y compensación. En el caso de las demás firmas, señaló que desconocen si existe contrato de usufructo.

En la mesa técnica con el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), ente que también es responsable de la reserva, refirió que solicitaron conocer las actividades permitidas que otorgaron a estas empresas y aguardan la respuesta.

Sobre el club El Mbiguá, la funcionaria refirió que en algunos aspectos deben adecuarse, como evitar mucho ruido, actividades de alta afluencia de público, y aquellas que afecten a ciertos sectores de aguas de la bahía que también tiene zonificación.

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Ocupación. A partir de la declaración, en el 2005, no se reconocerían nuevas viviendas.

Ocupación. A partir de la declaración, en el 2005, no se reconocerían nuevas viviendas.

DESECHOS. Los humedales de la reserva también son utilizados como depósito de residuos; en un alto porcentaje los moradores se dedican al reciclaje y lo que ya no es reutilizable generalmente queda en el sitio, lo cual contamina al ecosistema.

Ante esta mala disposición de basuras, para los moradores que tengan la condición de quedarse en el territorio deberán pasar por un proceso de reconversión laboral, según la funcionaria. Por la zonificación, existen habitantes que deberán ser relocalizados dentro de la reserva, si corresponde su permanencia. Luego de la declaración de reserva por ley, las posteriores ocupaciones ya no serían reconocidas.

La doctora indicó que existen censos antes de la declaración de las dos poblaciones antiguas, que es lo que se debe actualizar.

SIN MONITOREO. Álvarez había manifestado que, junto con el Mades, se reconoce que no realizaron mecanismos de control, desde la declaración de reserva en el 2005, para frenar las invasiones. “Pero dijimos que como gobierno municipal tampoco podemos ejercer ciertas presiones mientras no tengamos una herramienta legal. Ahora sí la tenemos y también depende de la Junta, no solo del presupuesto”, expuso ante los ediles.

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