El abogado del IOR, Roberto Lipari, que representa a la entidad que se ha personado como parte civil en el proceso, estimó el pasado miércoles que los imputados llegaron a malversar hasta 700 millones de euros aportados por el banco durante 16 años, pero finalmente estipuló la solicitud de restitución en 206 millones y medio.
Asimismo, estimó en 987.494 euros los “daños morales y reputacionales” a la entidad y señaló que el Papa fue el primer damnificado por la mala gestión financiera de los entonces responsables de la Secretaría de Estado.
La abogada Paola Severino, que representa a la propia Secretaría de Estado como parte civil, pidió que se condene a los acusados a otra indemnización de 177.818 millones de euros también por daños reputacionales y para financiar una “una campaña” que restaure su dañada imagen a nivel global.
El Tribunal del Estado de la Ciudad del Vaticano juzga desde julio de 2021 a diez personas, entre ellos el cardenal Angelo Becciu, por una serie de irregularidades en la gestión de los fondos del Vaticano como la fraudulenta compra de un edificio en el centro de Londres.
Según Severino, el inmueble fue “sobrevalorado” hasta en 101 millones de dólares, lo que “perjudicó” a la institución vaticana en la transacción.
La abogada también recordó un proyecto de extracción de petróleo en Angola que fracasó “permitió acceder al control de los activos de la Secretaría de Estado” a terceras personas.
El fiscal del Vaticano, Alessandro Diddi, ha pedido la condena de siete años y tres meses de prisión para Becciu, que entre 2011 y 2018 fue número dos de la Secretaría de Estado vaticano y el primer cardenal en sentarse en el banquillo de los acusados.
Los imputados ascienden a diez, entre Becciu, funcionarios de la Santa Sede, banqueros e intermediarios, y en total Diddi pidió un total de 73 años y un mes de prisión, además de penas de inhabilitación y multas.
