Luego de muchos meses de esfuerzo, un gran trabajo en conjunto de los técnicos de la DNCP, Ministerio de Hacienda y la STP, con el apoyo del sector privado, se consiguió la aprobación en el Congreso de la primera ley de reforma del Estado que es la que regula las compras públicas. Ley muy necesaria para modernizar la forma en que el Estado adquiere bienes y servicios y ejecuta gran parte el PGN cada año. Según un estudio reciente del BID, esta ley traerá una mejora sustancial en cuanto a montos destinados a las compras.
La ley anterior adolecía de muchas lagunas que, de alguna manera, han permitido en varios casos una ineficacia enorme en uso el dinero, producido por los impuestos de los contribuyentes. También que se pueda controlar que se ha gastado bien. La discrecionalidad en que muchas de las dependencias del Estado, que son las UOC, facilitaban en diversas licitaciones empresas maletines. Es decir, conglomerados de empresas de un solo dueño, que fraguaban competencias ficticias para sacar beneficios adicionales al proceso de compras sin que las instituciones pudieran beneficiarse de una competencia sana, eficiente y neutral.
Por otro lado, la incorporación de restricciones hacia empresas que tengan accionistas con directa participación en los roles del Estado garantizan una mejor transparencia en los intereses reales detrás de un proceso. Después de todo estamos cansados de los famosos maletines que, según las leyendas urbanas, se filtran por muchos lados.
Pero de este proceso debemos rescatar otros aprendizajes. El Gobierno tiene en su cartera por lo menos tres leyes de la reforma del Estado que son críticas, aparte de la de Compras Públicas. Por ejemplo, la ley que haga una reforma para adecuar el sistema de Jubilaciones de la Caja Fiscal. Hoy este tema es impensable tocarlo en la coyuntura preelectoral, ya que esta iniciativa iría a ajustar los escandalosos privilegios que han conseguido varios colectivos de funcionarios públicos, provocando que a la fecha se estén secuestrando casi 220 millones de dólares de los impuestos de ciudadanos. De los cuales casi ninguno tendrá acceso a una jubilación VIP que se les otorga a estos colectivos de funcionarios públicos. Existen en la función pública muchos héroes, pero hay determinados grupos que han provocado que tengamos las famosas “castas sociales”. A través de estas castas un militar es ciudadano de primera y la vendedora de ropa en el Mercado 4 es una ciudadana de segunda. Lo más triste es que el esfuerzo de la vendedora le paga su jubilación al militar. Hay algo que arreglar y en forma urgente.
La otra reforma crítica que enfrenta el mismo nivel de oposición por el colectivo político del Congreso es la Reforma del Servicio Civil, que básicamente es cómo ponemos nuevas reglas a la administración y para el servidor público o funcionario público. Este proyecto de ley no tiene intenciones de ser retroactivo, pero sí condiciones para arreglar y avanzar en la profesionalización de la carrera pública. Y así premiar la meritocracia construyendo modelos de evaluación profesional que dejen de lado los padrinazgos políticos. Situación que hasta la fecha ha hecho tanto mal a la generalización de funcionarios honestos, capaces y preparados.
Los ciudadanos debemos apoyar estas reformas. Tenemos que involucrarnos activamente, opinando en todo espacio y especialmente compartiendo en los grupos que tenemos nuestras demandas. Estoy seguro de que un movimiento ciudadano enfocado en la necesidad de contar con mejores personas en el Congreso, hará que esto sea posible y podamos avanzar en vencer a los boicoteadores de la reforma del Estado. Y así construir un Paraguay más transparente, justo y con esperanza de crecer. Las dos iniciativas de ley que requerimos ya no serán tratadas probablemente hasta la conformación del nuevo Congreso. Hagamos entonces lo necesario para lograr la cualificación en ambas cámaras.
