Es evidente que hay grietas en la institucionalidad del país cuando desde afuera se hacen señalamientos por corrupción significativa de ciertas autoridades nacionales y altos funcionarios, y no obstante las graves implicancias la Justicia y la Fiscalía General muestran escaso interés y nulo compromiso por investigar las acusaciones.
El Gobierno norteamericano fue tomando medidas contra la corrupción en nuestro país, declarando en los últimos años como significativamente corruptos a autoridades y funcionarios, atribuyéndoles delitos y prohibiéndoles la entrada a su país de por vida. En algunos casos ha incluido a gran parte de las familias de estas personas.
Lamentablemente, y confirmando un hecho muy grave como es nuestra fragilidad institucional, el Ministerio Público ha mostrado pobres avances.
En el transcurso de este año, Estados Unidos declaró como “corruptos” al ex presidente de la República Horacio Cartes, al actual vicepresidente Hugo Velázquez y al ex asesor de la Entidad Yacyretá Juan Carlos Duarte, por hechos de corrupción, sin entrar en detalles. Con respecto a estos dos últimos, la Fiscalía envió un requerimiento de cooperación a EEUU, y estos pidieron una aclaratoria, la cual fue enviada también. En este caso no hubo novedad alguna.
En cuanto a Horacio Cartes, quien fue designado como “persona significativamente corrupta” por el Departamento de Estado, debido a su participación en actos de corrupción significativos y sus lazos con organizaciones terroristas; y que “Durante su mandato utilizó la Presidencia del Paraguay para obstruir una investigación del crimen transnacional que involucraba a su socio”, como señalaba el comunicado, tampoco hubo avances importantes. El ex presidente está siendo investigado por presunto contrabando, enriquecimiento y otros, pero sin mucho entusiasmo. Los lazos con organizaciones terroristas mencionados en la declaración tendrían que ver con el caso del avión iraní que vino al país a llevar un cargamento de cigarrillos y que luego fue retenido en Argentina.
Hay varios otros casos de personas señaladas como corruptas y cuyos procesos han ingresado dentro de la maraña de la burocracia de la Justicia y sus chicanas.
El caso Javier Díaz Verón está en la Corte. El de Ulises Quintana, pendiente de audiencia preliminar. Y en cuanto Óscar Rubén González Chaves, hijo del fallecido ex senador colorado Óscar González Daher, quien también había sido declarado significativamente corrupto, y que cuenta con una condena de 8 años de cárcel, sigue operando libremente en política, a pesar de la sentencia.
Frente a estos hechos, queda expuesta una muy triste y preocupante realidad: Paraguay demuestra poca capacidad para combatir la corrupción. Cada anuncio del Departamento de Estado sobre nuevos nombramiento de significativamente corruptos es un brutal recordatorio de que las instituciones del Estado, la Justicia y la Fiscalía son débiles, tanto como lo es nuestra democracia. El informe internacional de Americas Society/Council of the Americas, que evalúa la capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupción, le había otorgado recientemente al país una muy baja puntuación. Según el documento mencionado, “la politización de las instituciones judiciales se percibe como un desafío persistente”.
No es solamente la corrupción la que nos ha traído a la situación en la que nos encontramos, pues la corruptela viene siempre de la mano de la impunidad. Paraguay es un país con gran potencial y con amplios recursos, pero que vive la desgracia de estar expuesto al poder y al dinero sucio del crimen organizado y a las mafias.
