De acuerdo con la normativa, sin embargo, los secretarios de Estado o directores titulares no podrán nombrar a esos colaboradores como funcionarios permanentes y acrecentar el aparato estatal, por lo que estas personas serán cesadas en sus funciones automáticamente cuando la autoridad que los incorporó deje su cargo.
Con esta medida, desde el Ministerio de Hacienda buscan poner un límite a la contratación de asesores, especialmente, en el Poder Legislativo, recordando que los parlamentarios se autoexcluyeron de cumplir con la Ley de la Función Pública y la Ley de Racionalización del Gasto. Así, estos asesores pueden ser incluso hasta familiares y no necesitan concursar para acceder al cargo. Esto último también se aplica a la Corte Suprema de Justicia y a los organismos auxiliares de justicia.
CONTENCIÓN. Mediante el reglamento del PGN 2022, el Gobierno establece los lineamientos que deben seguir las entidades para la ejecución de su plan de gastos de este año (ver la infografía).
El decreto contempla varias medidas de contención del gasto teniendo en cuenta la apretada situación de las finanzas públicas.
Algunas de ellas son: Los topes a telefonía y las prohibiciones para compra de equipos de transporte y provisión de almuerzo, así como los límites para contrato de seguro médico por funcionario y para la compra de bocaditos, entre otros.
En contrapartida, hay particularidades que no dejan de llamar la atención. En ese sentido, se puede ver que en su artículo 35, la normativa autoriza el pago de hasta G. 2.289.324 para cada funcionario, en forma de desembolso único, por cada uno de los conceptos estipulados bajo subsidio familiar en el clasificador presupuestario.
Al ir al detalle del clasificador presupuestario, se puede observar que el subsidio familiar se puede abonar por cinco tipos diferentes de subvención: Nacimiento, defunción, escolaridad de hijos hasta la finalización de la educación media, gastos médicos extraordinarios y ayuda alimenticia.
Es así que, si una institución decide pagar a su plantel esta gratificación especial en todos sus conceptos, un funcionario puede llegar a cobrar hasta G. 11.446.620 a lo largo del 2022, por encima de su salario mensual y su aguinaldo, en un año de elecciones internas partidarias para presidente y cargos legislativos.
