La tragedia golpeó nuevamente con el reciente accidente de un helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya, que acabó con la vida de tres efectivos militares, mientras otro lucha por sobrevivir. Hace unos años, otro aparato de la FAP, que se encontraba a cargo de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), sufrió un percance en la ciudad de Pedro Juan Caballero, al precipitarse sobre una fábrica.
Inmediatamente, tras el accidente, la Coordinadora de Familiares de las Fuerzas Públicas emitió un pronunciamiento alertando sobre la nueva tragedia que se produce con el helicóptero donado por Taiwán. Sostiene que “las autoridades deben analizar muy bien qué está pasando con las flotas de la Fuerza Aérea. Las caídas de estos helicópteros son muy frecuentes y son un riesgo muy grande que se está corriendo con la vida de los militares y civiles”.
El comunicado siembra sospechas sobre el manejo de la infraestructura y denuncia concretamente el manejo irregular del mantenimiento y las piezas. La Coordinadora anuncia que pedirá informes y cuestiona que las Fuerzas Armadas, siendo una institución verticalista, se erijan en juez y parte en la investigación de la tragedia de Ñu Guasu. “La corrupción es grande a nivel país. Eso no se puede desconocer y en esta área debe existir un control minucioso por parte de las instituciones del Estado involucradas entre sí”, refiere el pronunciamiento.
Tras los hechos, el comandante de la Fuerza Aérea Paraguaya, general Arturo González, anunció que se instaló una comisión investigadora del accidente. Y es, precisamente, este el motivo de preocupación que señala la Coordinadora, ya que serán los militares quienes analizarán los datos, sin dar a conocer los resultados a la opinión pública. El comandante asegura que se cumple un riguroso programa de mantenimiento y que no se vuelan aeronaves que no están en condiciones de operar. Asegura, asimismo, que el helicóptero siniestrado estaba en perfecto estado.
Además de las dudas respecto del mantenimiento de las unidades, en cuanto al reciente accidente se debe señalar la improvisación que pudo ser observada cuando los militares auxiliaron a uno de los heridos y lo llevaron cargándolo en brazos sin usar ninguna camilla. Incluso resulta indignante ver que en un momento el herido cayó al suelo en un descuido durante el procedimiento. Por eso se suman las interrogantes. Considerando el presupuesto asignado a las FFAA, es válido preguntar si estas no cuentan acaso con un protocolo e infraestructura para atender las emergencias.
Todas las instituciones del Estado disponen de recursos proveídos a ellas por el Presupuesto, recursos que provienen de los impuestos aportados por el pueblo paraguayo. Ellas tienen la obligación de hacer un buen uso de estos fondos concedidos para que puedan llevar a cabo las tareas que les fueron conferidas.
Todas las dudas, sospechas y cuestionamientos que se realizan en el caso del trágico accidente –un hecho de por sí doloroso no solo para la institución y las familias de los efectivos, sino para la sociedad– deben ser dilucidados en una investigación transparente que logre despejar todas las conjeturas.
