La Constitución, en su artículo 9, dice que a toda persona le asiste el derecho de “ser protegida en su libertad y en su seguridad”. En Pedro Juan Caballero –cuyos pobladores honestos merecen vivir en paz, sin el asedio de los delincuentes– esa norma no se cumple.
Según la Policía Nacional, en lo que va del año hubo en la capital del Amambay 38 muertes violentas. De esa cantidad, 24 –es decir, el 63 por ciento– fueron ejecuciones realizadas por sicarios.
Los informes oficiales atribuyen los atentados al crimen organizado cuyo rubro más poderoso –aunque no único– es el narcotráfico.
Los datos de inteligencia señalan que el Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho, del Brasil, sentaron sus reales en aquel territorio. A ellos se suman grupos de marginales locales y de otra procedencia.
La consecuencia de la presencia de los tentáculos de la mafia del narcotráfico para la comunidad pedrojuanina que está al margen de sus actividades delictivas es la zozobra constante.
Es imposible vivir en calma en un espacio urbano en el que en cualquier momento un raudo motociclista puede disparar a matar.
Mientras tanto, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial carecen de acciones eficaces que establezcan medidas de seguridad que disminuyan al mínimo el peligro para la vida de las personas. A raíz de esto, sobre la mayoría de ellos pesa la sospecha de complicidad.
Esas instituciones, por no responder a lo que la ciudadanía espera de ellas, se han vuelto poco creíbles. Por omisión en la lucha frontal contra los malvivientes son, a esta altura, parte del problema que acecha a los pedrojuaninos que quieren vivir y trabajar en paz.
El Poder Ejecutivo envió 70 hombres de la Senad a la zona. Es una acción paliativa de urgencia que constituye una crítica de relevancia para quienes han sido hasta ahora incapaces de tomar al toro por las astas y enfrentar a los delincuentes con todos los medios disponibles.
Su tarea específica es estar presentes en las calles y rutas, la destrucción de plantaciones de marihuana y campamentos y la requisa de armas. Como su misión tiene plazo tan corto, es evidente que los frutos de la medida coyuntural no serán tan abundantes como se querría.
Ante esta situación, el Gobierno, constituido por los tres poderes, debe pensar en una política de Estado que permita subsanar el problema de la corrupción en las instituciones y contar con una fuerte y permanente presencia de fuerzas de seguridad y representantes de la Justicia íntegros que permitan combatir con efectividad a la mafia fronteriza y devolver la paz a la región. Antes de que sea muy tarde.