Al respecto, directivos de la Municipalidad de Asunción anunciaron que se conformará un equipo técnico para estudiar el caso. Indicaron que no quieren adelantarse en hablar sobre la posibilidad de que la administración del vertedero municipal sea nuevamente adjudicada a otra empresa.
Aclararon que la medida no afecta a la recolección de basura, que siempre estuvo a cargo de la Comuna.
En tanto, el servicio de tratamiento de los residuos es tercerizado y fue concedido a Empo desde el 2005 por un plazo de 30 años, con la condición de que se realice el traslado del relleno sanitario.
Pero hasta la fecha esto no se concretó por problemas judiciales de la firma.
Proceso. El director de Asesoría Jurídica de la Comuna capitalina, Benito Alejandro Torres, señaló que si bien el fallo, en el que se da el visto bueno para cancelar el contrato, es inapelable, la empresa concesionaria puede presentar un recurso de nulidad o de aclaratoria.
Por ello, para ejecutar la rescisión del acuerdo necesitan que el fallo esté firme. Como mínimo, indicó, se tienen dos a tres meses, si se cumplen puntualmente los plazos en el caso de que existan recusaciones, incidentes de nulidad y otros.
“Lo que queda es abocarnos en si la estructura de la resolución ha violentado la formalidad prescrita por la ley, pero ya no se pueden revalorar pruebas ni revisar los argumentos esgrimidos por las partes”, explicó el asesor jurídico.
Entre los motivos por los que se buscaba la rescisión del contrato con Empo, ya durante la administración de Mario Ferreiro, Torres mencionó: “El cambio de denominación; el ingreso de basura de otros municipios; la parte de construcción de planta de transferencia; el certificado falso que había presentado en su oportunidad para el cobro de una factura de abril de 2018, entre otros”.
Mientras que Empo hablaba de incumplimiento en el reajuste de la tarifa por ingreso de basura, donde el último data de 2003, y reclamaba la indemnización por G. 144.269.197.517.
Por su parte, el director de Gestión Ambiental, Ivo Brun, indicó que aún no recibió el documento sobre el laudo arbitral.
Señaló que las medidas ambientales sobre el vertedero, tras esta resolución, serán evaluadas dentro de la conformación de un equipo técnico en el Municipio.
Pago. El Tribunal sí da lugar, parcialmente, a la demanda contra la Comuna con respecto a la falta de ajuste de tarifa de disposición final de residuos correspondientes a los años 2018 y 2019.
En el documento figura que el Municipio capitalino deberá abonar a Empo la suma de G. 14.245.071.881.
No obstante, desde la Comuna alegan que el monto exacto a pagar deberá ser aún evaluado por el equipo económico para establecer el ajuste de precio.
Indicaron que dicho egreso de las arcas municipales será analizado a través de un pedido de ampliación presupuestaria de este año a la Junta Municipal, o podría ingresar ya para el ejercicio fiscal 2022.
El laudo arbitral es inapelable, ya no se podrán revalorar pruebas ni revisar los argumentos de las partes.
Benito Alejandro Torres,
Dir. jurídico.
