Los próximos gobiernos tendrán que enfrentar el conflicto que implica aumentar impuestos o no poder cumplir con sus promesas electorales si encuentran las arcas públicas vacías o endeudadas y será la ciudadanía quien pague finalmente la mala gestión fiscal. Y serán los contribuyentes quienes deberán poner el hombro para sacar adelante al país, mientras sus autoridades toman malas decisiones.
Un déficit público en momentos de recesión económica no solo no es malo, sino que es una medida adecuada. Sin embargo, Paraguay enfrenta varios problemas que el Gobierno tiene la obligación de solucionar a la par de solicitar mayores recursos.
Diariamente la ciudadanía sufre las consecuencias de la mala calidad del gasto. Los cortes de energía eléctrica y agua, la caída de puentes y techos de las escuelas y hospitales, la falta de caminos de todo tiempo y los baches en las vías asfaltadas, los mínimos logros del aprendizaje, la insuficiencia de insumos en la salud pública.
Estos resultados se derivan de la contratación de recursos humanos inadecuados, de la existencia de sobrecostos en las obras públicas, de una mala gestión de los contratos con los proveedores del sector privado, entre otros factores.
Detrás de estos problemas están la corrupción, el tráfico de influencia, los conflictos de intereses vinculados a los partidos políticos, principalmente el que tiene el Gobierno de turno, y al sector empresarial.
Aumentar el déficit sin poner freno a la influencia de los políticos en las contrataciones de funcionarios públicos y del sector empresarial en el sistema de contrataciones públicas es poner más recursos para malgastar y dilapidar.
El segundo problema es que ni el Poder Ejecutivo ni el Parlamento van a estar dispuestos el año que viene a reducir los gastos una vez que haya pasado la recesión para volver al nivel inicial del déficit del 1,5%.
Las mismas razones por las cuales no mejoran la calidad del gasto son las que impedirán una vuelta al equilibrio fiscal. Los sectores privilegiados con los aumentos no dejarán que se retroceda en el “beneficio adquirido”.
Así, las perspectivas no son buenas. El aumento del déficit, que debiera ser temporal, mientras dure la recesión, se da en un marco de baja calidad de gestión y de debilidad institucional.
La visión optimista es que la nueva medida beneficiará al crecimiento económico y este, a su vez, a la población. No hay datos que sustenten esta hipótesis, ya que en los últimos años un crecimiento promedio del 3% no contribuyó a mejorar los ingresos ni el empleo. Ojalá que la evidencia en 2020 sea contraria a las que estamos acostumbrados.
