29 mar. 2024

Auditoría ultima un informe sobre licitación en Interior

Luis Cardozo

Luis Cardozo

La Auditoría General del Poder Ejecutivo está cerrando un informe sobre una licitación realizada en el 2017 (gobierno de Horacio Cartes) para el mejoramiento del sistema nacional de emisión de cédulas de identidad y pasaportes.

El ministro auditor Luis Cardozo explicó que la licitación se inició en el gobierno anterior y continúa el proceso. El ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, había solicitado una auditoría del Poder Ejecutivo.

“No quiero continuar sin tener una precisión al respecto. La licitación guarda relación con el mejoramiento del sistema de cedulación”, indicó el secretario de Estado.

Hubo una serie de denuncias en torno al proceso licitatorio de USD 30 millones. Desde la Contraloría General de la República se había solicitado la cancelación, debido a que existen sospechas de direccionamiento.

El Tribunal de Cuentas había ordenado suspender los primeros pagos al consorcio adjudicado. La medida fue planteada por el consorcio Identidad Aumentada Paraguay (Idap), integrado por las firmas extranjeras Safrán Identity.

Entre los antecedentes, la cartera de Interior adjudicó al consorcio CDE y firmó contrato en diciembre del 2017. La adjudicación establecía un pago de anticipo del 30% –es decir, unos USD 9 millones– suma que no se llegó a depositar, debido a la medida cautelar emitida por el Tribunal de Cuentas.

En el 2014 la Policía ya había comprado un nuevo sistema informático para Identificaciones. Para esto se realizó una inversión de USD 1 millón. Sin embargo, no se llegó a implementar.

El nuevo sistema que ahora está bajo la lupa de la Auditoría del Ejecutivo plantea la emisión de pasaportes electrónicos.

Uno de los puntos objetados en el proceso licitatorio es que en el pliego de base y condiciones se puso como exigencia como requisito haber participado previamente en un proyecto de emisión descentralizada instantánea de los documentos de identidad en algún país de América Latina.

Las empresas que denunciaron la irregularidad argumentaron que Uruguay es el único país en América Latina que cuenta con este sistema. La empresa Gemalto la que presta el servicio en el país.

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