Las filtraciones no tardaron en provocar reacciones dentro de la línea cartista oficialista, hoy con mayoría en el Senado. El oficialismo tiene en sus manos el “castigo” a sus pares y decide sobre quién bajar la espada de Damocles.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Silvio Beto Ovelar, quien recordó su propio episodio del trato apu’a. Admitió que afrontó la verdad y pidió que Vera y Aquino hagan lo mismo, sin escudarse en la inteligencia artificial. Molesto, incluso reclamó la “pérdida de investidura”. Históricamente, Ovelar se posicionó siempre en contra de esta práctica, incluso cuando votó a favor de la salida de Kattya González, remarcó que no tuvo alternativa, ya que la decisión fue de la bancada.
En las conversaciones atribuidas a los legisladores aparecen nombres como Basilio Bachi Núñez, Lizarella Valiente y su esposo, el ex intendente Óscar Nenecho Rodríguez, además de Juan Carlos Nano Galaverna, vinculados a la supuesta repartija de unos USD 8 millones provenientes de la donación de Taiwán.
Por su parte, Bachi Núñez, en su rol de presidente del Congreso, negó cualquier manejo de esos fondos.
Afirmó que los partidos no pasan por su gestión, sino por la Dirección de Contrataciones Públicas y lanzó un rechazo frontal: “Repudio todo lo expresado en el audio y cuestiono también a quienes lo expresaron. No descarto medidas legales salvo que se rectifiquen”.
Inocencia a conveniencia. Lo llamativo es que los mismos legisladores que ahora piden sanciones inmediatas fueron los que invocaron la presunción de inocencia para defender a colegas en otros procesos. Tal es el caso de Hernán Rivas, acusado de fraguar un título falso de abogado que le permitió estar y hasta presidir el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM). “La Fiscalía debe probar sus dichos”, recordó Bachi en su momento.
Ante los primeros cuestionamientos sobre el título de Rivas, Juan Carlos Nano Galaverna y Silvio Beto Ovelar se mostraron al lado de su colega, dando paso a la desafortunada defensa de Rivas. “Es lo mismo que yo diga si Beto es hombre”. Una comparación que quedó en el sinsentido, documentado en los noticieros.
Caso Cabrera. La misma vara se aplicó en el caso de la senadora Noelia Cabrera, denunciada por firmar documentos que acreditaban a sus sobrinos como funcionarios del Congreso, cuando en realidad trabajaban en un estudio jurídico privado. Núñez abrió un sumario administrativo contra Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera, aunque defendió que debía aguardarse la investigación antes de responsabilizar directamente a la legisladora. El plazo máximo de 30 días ya venció y la causa en el Congreso no tiene resolución.
Con Cabrera, Bachi apuntó a otros colegas desplegando un indirecto, pero contundente “cháke”. El pedido de pérdida de investidura no logró firmas ni de los opositores, un ejemplo claro de la fuerza oficialista.
Otro expediente resonante es el de Erico Galeano, investigado por sus vínculos con estructuras criminales. Sin embargo, su nombre hoy no se pronuncia en el Senado, mientras en juicio se van develando más conexiones, en su momento recibió también respaldo político.
Así, la “fiesta en el Senado” se baila al ritmo de las filtraciones: Unos exigen sanciones ejemplares cuando los audios salpican a otros, pero apelan al silencio o la presunción de inocencia cuando se trata de los propios o circunstanciales aliados.
